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Home›Novedades›10 años de la marcha de la gorra: la respuesta estatal es una respuesta violenta

10 años de la marcha de la gorra: la respuesta estatal es una respuesta violenta

Por Paula Bonomi
24 noviembre, 2016
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Bajo el lema «mi cara, mi ropa y mi barrio no son delito», más de 20 organizaciones sociales llevaron adelante la primera marcha de la gorra en La Plata. En una declaración conjunta, le exigieron a la gobernadora María Eugenia Vidal que cree más programas de inclusión, que se implemente de forma plena la ley de promoción y protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes y que exista un control ciudadano de las fuerzas policiales. ANDAR acompañó la marcha y recogió algunos testimonios.

ANDAR en La Plata

(Agencia) El objetivo fue, por un lado, mostrar la cultura popular que se produce en los barrios y, por otro, denunciar la violencia policial hacia los jóvenes. Roberto Cipriano García, secretario de la Comisión Provincial por la Memoria, acompañó la marcha y expresó: “Es muy importante que todos los colectivos sociales se junten para la elaboración de esta marcha. La violencia contra los pibes de los barrios populares es una realidad que nos atraviesa y nos afecta a todos. Es la violencia policial, la violencia penitenciaria, la violencia que imprimen los agentes del estado contra los sectores más vulnerables, en un despliegue territorial de las policías que día a día  hacen añicos los derechos. La policía cada vez está presente en mayor cantidad, tiene una deficiente formación y es cada vez peor en la calidad de la intervención.  A eso sumamos un entramado con el delito dentro de los barrios que lo único que genera es mayor vulneración de derechos. De ninguna manera estas estrategias contribuyen a resolver el problema de la inseguridad que -es lo que se dice- pretenden”.

Elsa Ferrufino es la mamá de Brian Guzmán, 23 años, desaparecido el 1 diciembre de 2015 en el barrio San Carlos de La Plata; su cuerpo sin vida fue encontrado 19 días más tarde. Un año después, la justicia no ha entregado el cuerpo de Brian a la familia y no se sabe quién y por qué lo asesinaron. “Mi hijo salió una noche y no volvió más. Lo busqué por hospitales, comisarías y luego de 8 días y volvimos a la comisaría porque no sabíamos nada. En fiscalía hicimos la denuncia pero no nos daban bolilla. No recuerdo cuando conocimos a Rosita y fue gracias a ella que logramos que nos atiendan y que comiencen con un rastrillaje en la zona. El 19 de diciembre encontramos el cuerpo de Brian y sólo fue posible identificarlo con una prueba de ADN porque estaba muy deteriorado. La investigación no siguió y todavía no me entregan su cuerpo. Tampoco sabemos cuál fue la causa de su muerte. La fiscalía no nos da ninguna respuesta. Yo les pido a los funcionarios que no dejen que siga pasando esto en los barrios, que no haya más pibes como Brian”, expresó Elsa con el cartel con la foto de Brian en mano.

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Rosa Bru y Elsa Rufino, madres que luchan por justicia y contra la violencia institucional

“En Buenos Aires hay 100 mil policías, entre la policía provincial y la  local y, en determinadas zonas del territorio se están trasladando a más agentes: siete mil gendarmes y prefectos que se han dispuesto para trabajar en distintas lugares del conurbano bonaerense y grandes ciudades. Desde la CPM consideramos que el impacto real que genera esta política es mayores violaciones a los derechos humanos. Desde la CPM venimos planteando, desde hace tiempo, que la política estructural de seguridad es una matriz que inició en el gobierno de Ruckauf y continúa hasta nuestros días. La única receta es la saturación territorial de fuerzas de seguridad en la persecución del delito que es selectiva. Se persigue a los sectores de cadenas delictivas débiles, de menor impacto en la sociedad e inclusive con poco impacto desde lo económico. Porque los grandes eslabones de las cadenas delictivas, la trata de personas, el narcotráfico, los piratas del asfalto, la corrupción, los delitos empresariales, nada de eso el sistema penal no lo investiga”, reflexionó Cipriano.

“El problema más grave lo tenemos con los pibes y pibas de los barrios. Cada vez hay más policías, la justicia mira cada vez menos, y lo más grave es el nivel de exclusión social y falta de trabajo que hay. La Gobernadora dijo  que un chico con hambre no puede estudiar y tener una buena vida. Yo no sé si ella tiene dimensión de la cantidad de padres y madres despedidos que hay. Ese pibe si hoy va con hambre a la escuela es porque su familia no tiene trabajo”, dijo Rosa Bru, mamá de Miguel Bru, estudiante desaparecido y asesinado en democracia y presidenta de la Asociación Miguel Bru. “La desigualdad es uno de los grandes problemas que tenemos. Cada vez vemos que hay más droga, más pibes que salen a robar, mucha más violencia y esto es generado por no tener un Estado presente que los contenga. Seguiremos acompañando a las mamás. Esta todo muy difícil para todos pero no vamos a dejar de acompañarlas para ir a golpearle la puerta a la justicia. Nosotros pedimos más seguridad   en los barrios pero no queremos más policías para que sean los que nos maten a los pibes”.

“Buscar para el problema de la seguridad soluciones simplistas, como lo es la saturación territorial, es saber de antemano que no van a poder resolver el problema y lo único que se va a lograr es reproducir el mismo sistema. Es prioritario que se destinen más recursos a las políticas de promoción y protección de la niñez y la adolescencia, a políticas de inclusión social, a políticas de promoción del trabajo, a políticas educativas. Todo eso sin presupuesto se va deteriorando cada vez más mientras se incrementa el presupuesto para seguridad. La respuesta estatal termina siendo una respuesta violenta en lugar de ser una respuesta inclusiva”, concluyó el secretario de la CPM.

 

 

 

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