La CPM y la Red de Inmigrantes Latinoamericanos impulsan estrategias contra el DNU que modifica la ley migratoria
En la sede del Museo de Arte y Memoria (MAM) de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), se decidieron los primeros pasos para una estrategia integral y coordinada tendiente a la promoción y protección de las comunidades migrantes en Argentina en el marco de la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia que promulgó el gobierno nacional a fines de enero pasado, que asocia los índices de criminalidad con la nacionalidad de las personas, además de reducir las garantías procesales de la legislación migratoria y avalar –por los mismos fundamentos del DNU- los discursos y actos xenófobos y discriminatorios que circulan en sectores de la sociedad.
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(Agencia) Del encuentro participaron, además de la CPM, la Red de Inmigrantes Latinoamericanos –La Plata, Berisso y Ensenada-, los consulados de Paraguay y Perú, la Defensoría del Pueblo de la Provincia, representantes de las colectividades peruana, paraguaya y boliviana, e integrantes de Abogados por la Justicia Social (AJUS), del Centro de Estudios Para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) y del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ).
Cipriano García: “Un objetivo inmediato tiene que pasar por frenar en el Congreso la vigencia del DNU»
Durante la reunión se definieron objetivos de corto, mediano y largo plazo, teniendo en cuenta la diversidad y características de las problemáticas que afrontan los migrantes en Argentina. No obstante, la prioridad fue la planificación y coordinación de líneas de trabajo tendientes a lograr que el Congreso Nacional dé marcha atrás con el polémico y regresivo DNU que restringe derechos fundamentales de los migrantes y que asocia, injustificadamente, los índices de criminalidad con la procedencia de las personas encausadas.
En este sentido, el secretario de la CPM, Roberto Cipriano García, afirmó: “Valoramos mucho los derechos consagrados en la Ley de Migraciones de 2004 -que quedó suspendida por el decreto de necesidad y urgencia del actual gobierno nacional-, pero creemos que el desafío tiene que pasar por forjar políticas y acciones de mediano y largo plazo que trasciendan los partidos políticos y que consoliden un paradigma de derechos que nadie pueda revertir”.
“Un objetivo inmediato tiene que pasar por frenar en el Congreso la vigencia del DNU y, al mismo, tiempo, pensar alguna fecha importante simbólicamente para organizar una gran jornada cultural con todas las colectividades a fin de visibilizar y concientizar sobre esta problemática. Todas las acciones que desarrollemos tienen que apuntar a formar una gran corriente de opinión política, social y cultural, que desnaturalice los prejuicios y discursos criminalizantes que vulneran los derechos de los migrantes”, agregó Cipriano.
Por su parte, el director del Programa de Justicia y Seguridad Democrática, Rodrigo Pomares, destacó que “hoy, claramente, estamos en las peores condiciones en términos de políticas para los migrantes. Compartimos la visión de la Red acerca de la mentira vinculada a las estadísticas con las que pretende fundarse el DNU. En efecto, allí se toman datos de presuntos delitos complejos y autorías por nacionalidad que no expresan lo que cotidianamente ocurre. Además, con el decreto se restringe el derecho a la defensa de los migrantes y no queda establecido quién va a ser la autoridad de aplicación en las provincias”.
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“Lo grave es que, en el caso de la provincia de Buenos Aires, ya se designó una autoridad desde el Ministerio de Seguridad Bonaerense para entender en delitos cometidos por migrantes, lo que habla ya no del avance en la criminalización desde lo normativo sino también en lo operativo, en los hechos. Hay que interpelar al ministro de Seguridad para que dé explicaciones sobre esto”, agregó.
Diana Asmat, una de las referentes de la Red de Inmigrantes Latinoamericanos –La Plata, Berisso y Ensenada, valoró positivamente la creación de este espacio en conjunto con la CPM y otros organismos, y manifestó que el gran problema, hasta ahora, son los daños colaterales de estas políticas contenidas en el DNU. Por ejemplo, hace pocos días, ingresaron a robar a la casa de un migrante, quien además de haber sufrido el episodio fue amenazado con ser reportado como inmigrante ilegal para el caso de que hiciera la denuncia por robo. Este es un caso muy pequeño pero que da cuenta del alcance de este discurso promovido desde lo más alto del Estado y que asocia al migrante con la criminalidad”.
En la misma línea, Guillermo Mazzars, de la Defensoría del Pueblo bonaerense, consideró que de ninguna manera la criminalidad está relacionada con los procesos migratorios: “La xenofobia es un fenómeno histórico y de escala mundial. Nosotros trabajamos para dar una dimensión de derechos humanos al derecho a migrar. En la última década hubo una política de reconocimiento a este derecho pero ahora hemos retrocedido como sociedad ante las nuevas políticas migratorias. Tenemos que aportar nuestro granito de arena para que en Argentina se reconozcan no sólo los derechos políticos de los migrantes sino también los derechos económicos. Si uno mira los fundamentos del DNU advierte que no hay un solo motivo atendible con respecto a la verdadera problemática”.
Entre las propuestas de trabajo que surgieron en la reunión, cabe destacar la planificación de charlas y jornadas de capacitación en los barrios de La Plata, Berisso y Ensenada, con perspectiva de promover esas actividades en el resto del territoreio bonaerense; la organización de un gran evento cultural con todas las colectividades migrantes a fin de visibilizar el reclamo por la derogación del DNU sobre migrantes; la creación de grupos de trabajo jurídico que aborden cada una de las problemáticas y vulneración de derechos de los migrantes; y la formulación de reuniones con legisladores nacionales para ampliar la base de apoyo tendiente a la anulación del decreto.
