Con la participación del presidente CPM, Adolfo Pérez Esquivel, el organismo encargado de monitorear lugares de encierro en la provincia de Buenos Aires, recorrió esta mañana la Unidad Penitenciaria Nº 1 de Lisandro Olmos y constató el agravamiento de las graves condiciones de encierro y la sistemática vulneración de derechos de los detenidos. En lo que va del año ya murieron 8 personas. Acompañaron la inspección Elisa Carca y Roberto Cipriano García, vicepresidenta y secretario de de la CPM, junto a los equipos del Comité contra la Tortura de la CPM.

ANDAR en Cárceles

(CPM) En el marco de los controles periódicos a cárceles y unidades penitenciarias de la Provincia, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) realizó esta mañana una inspección en la Unidad 1 de Olmos. Las acciones de monitoreo estuvieron encabezadas por el presidente de la CPM, Adolfo Pérez Esquivel. También estuvieron presentes Elisa Carca y Roberto Cipriano García, vicepresidenta y secretario de la CPM, y la directora general Sandra Raggio.

“Todas las cárceles son depósitos humanos, de ahí nadie puede salir rehabilitado, tiene que hacer un gran esfuerzo para superar ese tiempo de encierro; hay gente que permanece aislado durante meses, sin salidas aunque sea al patio a ver el sol o de poder pensar en otras cosas para la vida”, mencionó Pérez Esquivel al finalizar. Durante el relevamiento, se constataron distintas vulneraciones que marcan un agravamiento de las condiciones de detención y atentan contra la integridad y la dignidad de las cerca de 2500 personas allí alojadas.

Al llegar a la inspección, el penal se encontraba sin luz y sin agua, ya que la red hídrica funciona con una bomba eléctrica. El equipo de la CPM que recorrió la unidad penitenciaria y se entrevistó con diferentes personas que permanecen allí alojadas manifestó su preocupación por las denuncias recibidas. Además de casos de tortura y malos tratos, se relevaron otras prácticas que también constituyen vulneración de derechos: traslados constantes, hacinamiento y sobrepoblación, padecimiento de hambre, aislamiento por 24 horas en días consecutivos durante meses, golpizas, falta de acceso a la educación y el trabajo, serio déficit en la atención médica y deplorables condiciones edilicias (frecuentes cortes de luz y agua, frío extremo sin calefacción, humedad, olores nauseabundos, basural a cielo abierto, presencia de roedores). A pesar de este panorama, el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) no provee a los detenidos de elementos de limpieza ni higiene y tampoco alimentos.

Adolfo Pérez Esquivel, junto al equipo de inspección, recorrió “leoneras” o lugares de alojamiento transitorio, pabellones de aislamiento o separación de convivencia, de admisión, área de Sanidad y depósitos de alimentos. Las “leoneras” no reúnen condiciones elementales de habitabilidad, no tienen sanitarios ni agua.

La extrema gravedad de las condiciones de encierro en Olmos no representa la excepción de la regla sino todo lo contrario. Como ya se afirmó en el Informe Anual 2015, “según lo constatado en el trabajo del Comité contra la Tortura de la CPM en unidades penitenciarias en los años 2013 y 2014, se puede afirmar que en todas las cárceles provinciales las personas detenidas sobreviven en gravosas condiciones de detención. No existe en toda la Provincia una celda que cumpla con los requerimientos básicos de habitabilidad en términos materiales”. Como viene denunciando la CPM desde el año 2003, en los lugares de encierro de la provincia de Buenos Aires las prácticas de tortura son sistemáticas.

“En esto tienen mucha responsabilidad los jueces que no hacen un seguimiento de la gente que ellos mandan a las cárceles, y que podrían ayudar en mejorar la situación de encierro. Lo otro que uno ve es cómo todo se va deteriorando. Por ejemplo, Olmos está totalmente colapsada; la superpoblación genera mayores dificultades al encierro que ya sufren; o sea que a sus penas se les agrega el castigo de las condiciones de encierro”, consideró Pérez Esquivel.

A pesar de las reiteradas denuncias y sentencias que ordenaron mejorar las condiciones de detención, persiste una sistemática situación de vulneración de los derechos y garantías expresados en la Constitución Nacional y los tratados. La superpoblación, el hacinamiento, las magras condiciones edilicias, la falta de acceso a la salud y la educación son condiciones estructurales del sistema carcelario y constituyen una práctica sistemática de tortura. El SPB gobierna los lugares de encierro bajo un régimen basado en la crueldad y el sufrimiento. “Aquí hay un deterioro del sistema carcelario y eso tiene que modificarse estructuralmente con políticas que definitivamente democraticen estos lugares”, concluyó el presidente de la CPM y premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.