Se establece un cupo del 1% de la administración pública provincial para las personas travestis, transexuales y transgénero. A tan solo cinco días de dejar su cargo, la gobernadora María Eugenia Vidal decidió reglamentar la ley de cupo laboral trans para la administración pública provincial. “Esta conquista es sin dudas el resultado de la lucha social de los sectores más desfavorecidos de la sociedad civil, en este caso, del movimiento travesti trans en Argentina”, dice Claudia Vazquez Haro, activista travesti y presidenta de OTRANS.

ANDAR en la provincia Buenos Aires

(Agencia) Dicho decreto fue publicado en el Boletín Oficial. Lleva la firma de la gobernadora María Eugenia Vidal y del ministro de Trabajo, Marcelo Villegas. Cabe recordar que la norma fue aprobada en el 2015 pero no estaba reglamentada.

De esta manera, se establece un cupo del 1% de la administración pública provincial para las personas travestis, transexuales y transgénero. Su aplicación deberá ser dentro de los 90 días corridos contados a partir de la publicación del decreto y, anualmente, se deberá informar el número total de personas que se desempeñan en la planta del Estado, incluyendo a quienes lo hacen en planta permanente, temporaria, transitoria y/o personal contratado cualquiera sea la modalidad de contratación.

Las personas travestis, transexuales y transgénero de Argentina se encuentran entre las poblaciones más vulneradas históricamente del país, por lo que padecen persecución, exclusión y marginación sistemáticas, lo cual les genera enormes dificultades para el acceso a la igualdad de oportunidades y de trato y al efectivo goce de sus derechos humanos, señala la ley en sus fundamentos.

“Desde la comunidad travesti-trans celebramos lo que sucedió pero sabemos que esta reglamentación llega demasiado tarde, no olvidemos que la ley se sancionó en 2015 y en estos años se murieron en el camino muchas compañeras. Esto me genera sentimientos encontrados”, expresó Claudia Vázquez Haro, activista travesti y presidenta de OTRANS Argentina. “Santiago Cantón, titular de la Secretaría de DDHH de la provincia de Buenos Aires -órgano de aplicación de la ley en la provincia–, dilató durante cuatro años esta reglamentación por decisión política y no por problemas técnicos. Vidal fue muy perversa en su decisión de no implementar el cupo laboral trans durante su gestión y lo hace ahora porque es una clara jugada política. No nos llama la atención, sabemos cómo ha sido su gestión, la del macrismo y los sectores conservadores respecto a nuestras identidades y sexualidades disidentes”, opinó.

“Este es un reclamo de muchos años, ha estado siempre en las movilizaciones contra los travesticidios y transfemicidios, en el 34 Encuentro plurinacional de mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales y no binaries, en las marchas del Orgullo y en primer lugar en nuestra agenda. En términos colectivos celebramos esta noticia porque se materializa algo por lo que históricamente luchamos. Esta conquista es sin dudas el resultado de la lucha social de los sectores más desfavorecidos de la sociedad civil, en este caso, del movimiento travesti trans en Argentina. Esperamos su pronta ejecución e implementación para que las personas travestis y trans podamos embarcarnos en un proyecto de vida en igualdad de condiciones como cualquier cuidadano, ciudadana, ciudadane común”, concluyo Vázquez Haro.

Aplicación

Para su aplicación, dentro de los 90 días corridos contados a partir de la publicación del decreto y en lo sucesivo, se deberá informar anualmente el total de personas que se desempeñan en la planta del Estado, incluyendo a quienes lo hacen en planta permanente, temporaria, transitoria o personal contratado cualquiera sea la modalidad de contratación.

Con base en los resultados remitidos al Ministerio de Trabajo, se calcularán las vacantes que deberán generarse para poder cumplimentar el porcentual no inferior al 1% establecido por la ley.

Para eso, se creará el registro de solicitantes de empleo Amancay Diana Sacayán (Registro Sacayán), que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Trabajo, en honor a la activista Amancay Diana Sacayán, cuya labor contribuyó decididamente a la sanción de la ley objeto de la presente reglamentación, dice la normativa.

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