Es una organización que nuclea víctimas de violencia institucional en todas sus aristas. Ayer realizaron una concentración con actividades en la Plaza de la Dignidad donde proyectaron material sobre su conformación y sobre un caso de Monte Caseros

ANDAR en Corrientes

(Agencia Andar) “La Marcha provincial por justicia consiste en difundir todas las causas de víctimas del gatillo fácil, causas armadas y violencia institucional. Yo pido justicia por mi hijo por una causa armada por ejemplo, hay compañeras que les mataron el marido, jóvenes que mató la policía” cuenta Analía Altamirano, la mamá de José Andrés Altamirano, “Josele”, un pibe de barrio que fue condenado a 22 años por un homicidio que no cometió.

Ayer presentaron una proyección sobre su experiencia de organización en una jornada anti represiva que lo convocó en la Plaza 25 de Mayo o Plaza de la Dignidad. En ese marco debatieron en torno a cómo avanzar para lograr la derogación del Código Contravencional y también compartieron material audiovisual sobre el caso de Nino Largueri, un joven asesinado por la policía en Monte Caseros.

“Hasta la creación de la Marcha provincial por justicia las victimas éramos invitadas a acompañar el accionar de diversos movimientos sociales y de derechos humanos quienes diseñaban las estrategias y los pasos a seguir”, dicen en su presentación, pero luego se sentían defraudados por la pérdida de interés en sus casos o que estos espacios no contemplaban sus necesidades integralmente.

Frente a la ausencia de una organización que los contuviera fue que se organizaron frente a un problema común: tienen claro que las injusticias que padecen tienen como principal responsable al Estado y sus agentes.

De la capital de Corrientes a Monte Caseros, Curuzú Cuatiá, Colonia Pando, San Miguel, se van sumando casos y familias a esta organización que crece a través de la denuncia de las injusticias y la lucha por una provincia donde se respeten los derechos humanos.