El jueves 17 de octubre familiares y amigues de víctimas de causas armadas marcharán desde Plaza Congreso hasta el Ministerio Público Fiscal de la Nación. Llevarán un petitorio con requerimientos para garantizar el debido proceso judicial-penal.

ANDAR en movilizaciones

(Agencia Andar) Este año Diego Chávez recuperó su libertad. El joven de 26 años estuvo tres años preso por un crimen que no cometió. Lo acusaron de matar a un policía en Moreno en 2015 y lo único que le ofreció el sistema penal fue un juicio abreviado, una modalidad donde tenía que declararse culpable del crimen que no había cometido para que se concretara su proceso antes de junio de 2019 para cuando estaba pautado.

“Su caso marcó un precedente, fue muy importante. Un caso muy mediático en la era de Scioli y lo absolvieron este año. Sus familiares querían que esté preso el verdadero asesino, nosotros sabíamos que iba a salir absuelto porque había muchas irregularidades. El primer día el juicio duró 3 horas y lo absuelven”, cuenta Carina Leguizamón, una activista de Moreno que es parte de la organización de la primera marcha plurinacional contra las causas armadas.

Carina explica que la necesidad de movilizarse surgió en las mesas donde se organizan los familiares en los barrios. “El problema se acrecentó, y se recontra multiplico la cantidad de gente que se empezó a contactar después de armar la comisión por la libertad de Diego”, cuenta.

El objetivo de la movilización es llegar al Ministerio Público Fiscal a donde llevarán un petitorio para que se revean las causas donde se sospecha que hay irregularidades, que se garanticen los derechos y por ejemplo se de copia de las causas a los familiares. “Son medidas para que esto no siga sucediendo, los pibes terminan procesados, detenidos de 3 a 5 años esperando el juicio y mientras esperan son torturados en las cárceles” señala Carina.

Jose Luis Orellana, Yanina González, Yanina Farías, Axel Romero son algunos de los nombres propios que surgen al pensar en estas situaciones. En muchos de estos casos la Comisión Provincial por la Memoria actuó como veedora de los procesos, acompañando a las defensas o en calidad de amicus curiae del tribunal. Desde el organismo han comprobado que el armado de causas por parte de las fuerzas de seguridad es una práctica recurrente en el ámbito de la provincia de Buenos Aires que afecta gravemente a los sectores vulnerables. “Hemos dicho oportunamente que estas prácticas delictivas consisten en acciones tendientes a presentar versiones distintas sobre hechos efectivamente ocurridos (fraguados) o, lisa y llanamente, la construcción de circunstancias fácticas inexistentes (armados). Estas prácticas no podrían llevarse adelante si no contaran con la convalidación del Poder Judicial, ya sea por un accionar negligente o por complicidad”, explican en su informe anual.