Este martes se llevó a cabo la presentación virtual del informe anual sobre la situación de los derechos humanos en las cárceles federales del país  de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN). El número de personas encarceladas ascendió al pico máximo registrado: 14.067

ANDAR en las cárceles

(PPN) El procurador penitenciario Francisco Mugnolo, el procurador adjunto interino Ariel Cejas Meliare y las directoras Marta Monclús y Andrea Triolo presentaron ante la sociedad civil, mediante Zoom, los datos más relevantes de la situación carcelaria en 2019 con respecto a la sobrepoblación, los fallecimientos, y los casos de tortura y malos tratos.

La directora del Observatorio de Cárceles Federales Marta Monclús fue quien desarrolló los cuatro ejes principales del informe: sobrepoblación, traslados arbitrarios, prácticas de tortura y malos tratos y finalmente fallecimientos en prisión. Destacó que el año pasado se llegó al pico máximo registrado de personas detenidas: 14.067. En marzo de 2019 el Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación declaró la emergencia en materia penitenciaria por el término de tres años. A diciembre del año pasado las personas detenidas eran más de 14 mil mientras la capacidad declarada por el Servicio Penitenciario Federal era de 12.778 plazas.

En cuanto a los casos de tortura y malos tratos, explicó que persisten como una de las problemáticas principales en prisión, por último mencionó que durante 2019 se registraron 50 muertes, de las cuales 32 fueron no violentas y 18 sí lo fueron. Durante 2019 se documentaron 427 casos de tortura y malos tratos. En el 41% de los casos las víctimas prestaron su consentimiento para realizar una denuncia penal por los hechos. Esto derivó en 140 denuncias presentadas por episodios individuales y colectivos.

Monclús también hizo hincapié los traslados arbitrarios, mencionó el fallo de la CIDH, organismo que señaló que tal práctica constituye una vulneración de los derechos humanos de las personas detenidas. El organismo internacional declaró que este tipo de políticas vulnera derechos humanos, motivo por el cual fijó un plazo de un año para que el Estado adopte todas las medidas de carácter legislativo, administrativo o judicial para regular e implementar los traslados de personas privadas de libertad de acuerdo a la Convención Americana de DDHH.

El procurador penitenciario Francisco Mugnolo destacó la importancia de publicar el Informe Anual cada año y resaltó poder hacerlo en este contexto de aislamiento generalizado en el área metropolitana. Mencionó asimismo que en la actualidad se conjugaron tanto la problemática de la sobrepoblación carcelaria como la emergencia sanitaria.

Ariel Cejas Meliare, Procurador Adjunto Interino, describió las distintas medidas que se tomaron para encontrar alternativas al encierro frente a la actual pandemia. Resaltó resoluciones judiciales, niveles de egresos, medidas preventivas, y describió el trabajo del organismo durante la pandemia, haciendo hincapié en la protesta de Devoto. En ese sentido, mencionó la denuncia efectuada por dos personas privadas de libertad que fueron heridas con balas de plomo durante los hechos y el desempeño del organismo como querellante en la causa.

La presentación estuvo moderada por la jefa del área de Colectivos Vulnerables en Prisión de la PPN, Mariana Lauro. Una vez concluida, la prensa tuvo la oportunidad de realizar diversas preguntas al panel sobre la publicación.