(CPM) La Comisión Provincial por la Memoria manifiesta su más enérgico repudio a las operaciones ilegales para perseguir judicialmente al sindicalismo y a los dichos de Marcelo Villegas, Ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal. Lo que se ve y oye en el video que trascendió en las últimas horas tiene una profunda gravedad institucional porque pone en evidencia prácticas ilegales, violentas y autoritarias de funcionarios a cargo de la administración del Estado en plena democracia.

Los gremios son la expresión de una trayectoria de lucha y organización del sindicalismo en Argentina que está íntimamente ligada con el reconocimiento de los derechos de la clase trabajadora. Se trata de conquistas históricas que no pueden ser desconocidas por ningún funcionario público y mucho menos puestas en el foco de la persecución.

Además, en su afán de consolidar una embestida contra los gremios, el ex ministro Villegas recurre a la figura de la GESTAPO, la policía secreta oficial de la Alemania nazi, manifestando su deseo e intención de contar con una fuerza que cumpliera esta función. La Gestapo, tenía facultades que la eximían de cualquier control legal, judicial o administrativo. Entre sus atribuciones y prácticas estaban la de detener sin procedimiento legal alguno, alojar en campos de concentración, torturar y asesinar a los considerados por el gobierno “enemigos del Estado”. Ninguno de los presentes en la reunión contradijo o se horrorizó frente a los dichos del Ministro.

Pero en su discurso la referencia no aparece como una metáfora, algo que tampoco le quitaría gravedad al asunto. Por el contrario, como se aprecia en el video y como se ha podido corroborar mediante otro material probatorio, estos y otros funcionarios públicos del gobierno de María Eugenia Vidal utilizaron los recursos del Estado para espiar a militantes políticos y sindicales con el objetivo de perseguirlos mediante el armado de causas judiciales.

Esta es la verdadera y profunda gravedad que reviste este trascendido: son funcionarios públicos, elegidos democráticamente, enunciando y poniendo en acción una concepción del Estado con un sentido profundamente anti democrático, autoritario y violento, defendiendo y anhelando la comisión de crímenes de lesa humanidad.

Poner los recursos del Estado al servicio de prácticas asociadas al espionaje ilegal y la persecución política no es una novedad. Por el contrario, se trata de una maquinaria que en Argentina se consolidó en tiempos de dictadura y terrorismo de estado y cuyo desarme continúa siendo una deuda pendiente de la democracia. Actualmente se investigan innumerables hechos de inteligencia ilegal cometidos entre 2016 y 2019, que dan cuenta de la sistematicidad de estas prácticas, decididas desde las máximas autoridades de gobierno y con la participación de empresarios que fueron parte de estas prácticas ilegales. Muchos fiscales y jueces no investigaron estas causas, fueron parte de esta maquinaria estatal ilegal y contribuyeron a lograr la impunidad de los responsables. Esto debe cambiar.

Por estas razones repudiamos los dichos del ex Ministro Villegas y todos los funcionarios que de una u otra manera avalaron su posición y pedimos a la justicia que con celeridad y de manera independiente investigue a fondo estos hechos y castigue a sus responsables.

Según se informó, se encontraban presentes en esta reunión realizada:

-Diego Dalmau Pereyra (Director Operacional de Contrainteligencia de la AFI (Procesado causa 14149/2020. Recientemente con falta de mérito no firme para asociación ilícita en misma causa por Sala 2 de la Cámara Criminal y Correccional Federal).

-Sebastián De Stefano, Dir. Asuntos Jurídicos de la AFI (Procesado causa 14149/2020. Recientemente falta de mérito no firme para asociación ilícita en misma causa por Sala 2 de la Cámara Criminal y Correccional Federal).

-Darío Biorci, cuñado y Jefe de Gabinete de Silvia Majdalani, Subdirectora de la AFI (Imputación fiscal en Causa CFP 2916/2020 “IMPUTADO: ARRIBAS, GUSTAVO HÉCTOR Y OTROS”. Interceptación ilegal de correos electrónicos de referentes políticos y sociales).

-Marcelo Villegas (ex Ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal).

-Julio Garro (Intendente de La Plata).

-Roberto Gigante (ex Ministro de Infraestructura).

-Adrián Grassi (ex – subsecretario de Justicia de la Provincia).

-Juan Pablo Allan (Senador CAMBIEMOS. Miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Fernández Garello. Se ausentó en la última audiencia del 2019).

-Marcelo Jaworski (director general de Copetro).

-Fabián Cusini (constructor y organizador inmobiliario, presidente de Agrineco).

-Fernando Sacrachi (Director de ACIP)

-Guillermo Moretto (Presidente del Colegio de Arquitectos de La Plata).

-Otras tres personas que no pudieron ser identificadas.

Como puede observarse, altas autoridades de los gobiernos de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri.

La democracia y el pueblo argentino necesitan que en este punto la justicia sea ejemplar para que efectivamente nunca más dirigentes de la clase política se amparen en prácticas del pasado, que vulneran todos los derechos y garantías constitucionales, para conseguir mejores posiciones de poder y privilegios.