ATROZ HOMICIDIO DE LA POLICIA BONAERENSE Lo golpearon y patearon hasta matarlo: el cuerpo tenía fractura cervical y de cráneo, pérdida de masa encefálica, hundimiento de pómulos y heridas graves en oídos
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(Agencia) A partir de un llamado al 911, el pasado 10 de marzo se movilizaron diez agentes de la policía bonaerense y dos integrantes de Prefectura para buscar al autor de un presunto robo en el barrio Itatí de Quilmes, en el límite entre las localidades Don Bosco y Bernal de ese distrito bonaerense.
David Lugo, de 33 años, casado y con tres hijos, comenzó a ser perseguido por los efectivos; el joven intentó resguardarse en un club de la zona hasta que fue aprehendido y brutalmente golpeado, tal como lo afirmaron varios vecinos que vieron cómo depositaron el cuerpo de la víctima, con abundante sangre en la cabeza, en la caja de un patrullero.
David no llegó con vida a la comisaría 2° de Quilmes ni pudo recibir asistencia: el médico policial notó que el cuerpo inerte aún tenía las esposas colocadas en las muñecas, lo que indica la absoluta desidia y el abandono de los policías.
La autopsia determinó que el cuerpo de Lugo presentaba fractura cervical, hundimiento de pómulos y pérdida de masa encefálica, entre otras graves lesiones que causaron su muerte, por lo que quedó descartada desde las primeras horas la versión de los imputados: que lo habían subido a la caja del patrullero y que –sin saber cómo ni por qué- el joven había muerto durante el traslado a la comisaría.
Más allá del intento de los policías por desentenderse de su responsabilidad por el asesinato, la titular de la UFI 7 de Quilmes, Ximena Santoro, dispuso rápidamente el apartamiento de la Policía bonaerense de las tareas investigativas (en función de la Resolución 1390 de la Procuración General que prohíbe la intervención de la misma fuerza a la que pertenecen los imputados) y encomendó la tarea de auxiliar de la justicia a la delegación local de la Policía Federal.
Asimismo, secuestró los teléfonos celulares y allí se encontraron audios de Whatsapp y búsquedas en Google que incriminan a los imputados. Por ejemplo, en uno de los dispositivos se había buscado respuesta a la pregunta: “¿Qué pasa cuando un policía mata a un aprehendido?”.
Es por ello que la fiscal pidió el pasado 20 de abril la medida de prisión preventiva para cinco de los imputados -Enzo Ariel Salomón, Enzo Vallejos, Sáenz Valiente, Simón Emilio Leiva y Pablo Gómez- por resultar autores de homicidio agravado por haber sido cometido por funcionario público.
También continúan imputados por encubrimiento agravado por no haber denunciado la perpetración de un delito o no individualizar al autor o partícipe de un delito ya conocido a otros ocho agentes de la policía bonaerense: Tomas García, Lorena Vanesa Piñeiro, Santiago Luna, Gastón Encina, Iván Aguirre, Belén Iturriaga, Brenda Mariel Puebla y Nelson Duarte.
En su pedido al Juzgado de Garantías 3 de Quilmes a cargo de Marcelo Goldberg para el dictado de la orden de prisión preventiva, la fiscal Santoro consideró acreditado que los cinco imputados por el homicidio de Lugo le propinaron una multiplicidad de golpes con la clara intención de darle muerte, los que por su severidad le provocaron fractura craneal lineal de 45 milímetros. También heridas de gravedad en la zona de los oídos y edema agudo de pulmón secundario a traumatismo cervical grave. Esas lesiones -afirma la fiscal- habrían provocado el deceso de Lugo por paro cardiorrespiratorio traumático.
La Comisión Provincial por la Memoria, en su calidad de Mecanismo local de prevención de la tortura, fue aceptada como particular damnificado institucional en la causa.
