Al menos nueve efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que prestan servicio en San Andrés de Giles, acudieron a un llamado al 911 por una discusión comercial en una rectificadora de la zona. Durante el operativo, los policías se ensañaron con dos vecinos que habían llegado de San Antonio de Areco por el arreglo de un motor; luego de golpearlos con piñas y patadas mientras estaban esposados, lo trasladaron a la comisaría local, los requisaron y obligaron a desnudarse y encerraron en calabozos. Fueron liberados varias horas después tras obligarlos a firmar un papel que nunca le permitieron leer. Producto de los golpes, una de las víctimas tiene una costilla fracturada. Luego de los hechos, realizaron la denuncia penal y se pusieron en contacto con la Comisión Provincial por la Memoria, que realizó otras presentaciones en calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura.

ANDAR en San Andrés de Giles

(Agencia Andar) El pasado jueves 10 de junio, Gonzalo viajó desde San Antonio de Areco a San Andrés de Giles a buscar el motor de su auto, que había dejado en una rectificadora de esa localidad para presupuestar un arreglo mecánico. Gonzalo fue acompañado por su compañera Abril y su suegro César, mecánico de profesión. Por diferencias en torno al trabajo realizado, comenzó una discusión con los propietarios de la rectificadora, quienes llamaron al 911 denunciando que le estaban robando.

Tras el llamado, siete efectivos policiales a bordo de dos patrulleros de la Policía de la Provincia de Buenos Aires acudieron al lugar, luego llegó otro móvil con otros dos policías a quienes llamaban “jefes”, y que se presume serían el comisario y sub-comisario de la dependencia policial. En un momento de la discusión, el propietario de la rectificadora intenta llevar nuevamente al taller el motor del auto de Gonzalo, César se interpone y varios policías se abalanzan contra él, lo esposan y lo tiran al suelo. Esposado y boca abajo, comenzó a recibir piñas y patadas con los borceguíes.

En ese estado de indefensión, le grita a su hija que filme la actuación de la policía; Abril desde el interior del auto intenta grabar con su celular pero el comisario se lo arrebata de un manotazo y cuando Gonzalo quiere intervenir también lo esposan a él, luego le tapan los ojos con el barbijo y le pegan una piña en el rostro.

Gonzalo, Abril y César fueron subidos a tres patrulleros distintos; antes de ser trasladados a la comisaría local, los dos hombres pasaron por el Hospital Municipal para que les hagan el precario médico. Según denunciaron luego, el médico firmó el certificado sin revisarlos y los policías estuvieron en todo momento junto a ellos.

En la comisaría local, los requisaron, les sacaron sus pertenencias y revisaron sus celulares, y los obligaron a desnudarse; luego Gonzalo y César fueron alojados por separado en dos calabozos, allí comenzaron a amenazarlos, especialmente a César: “A quién vas a denunciar, te vas a seguir haciendo el pesado”, le habría dicho el uniformado al que llamaban “Jefe”.

Mientras tanto, Abril permanecía en la sala de recepción de la comisaría, no la dejaban ir ni comunicarse con nadie, tampoco le daban ninguna información sobre su compañero y su padre.

Recién seis horas después, los liberaron. Antes los obligaron a firmar un papel que nunca le permitieron leer, mientras lo seguían amenazando: “No te hagas el vivo. Acá firmás y punto”.

Al día siguiente, César fue al hospital de San Antonio de Areco porque seguía con dolores en el pecho después de la golpiza policial; en las radiografías que le hicieron, se comprobó que tenía una costilla fracturada.

Esta semana, las víctimas denunciaron los hechos ante la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 de Mercedes y se contactaron con la Comisión Provincial por la Memoria (CPM); Gonzalo es docente de escuela secundaria y conocía el trabajo del organismo porque participó algunos años del programa Jóvenes y Memoria.

En las últimas horas, en carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, la CPM requirió la aplicación de la resolución 1390, para que la Policía bonaerense se apartada de la investigación, y puso en conocimiento de los hechos a la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad provincial.