“Aspiramos a probar que la masacre de Napalpí no fue un hecho aislado sino uno de los episodios más extremos y violentos que han sufridos los pueblos originarios en nuestro país”, afirmó el secretario de Derechos Humanos de Chaco y representante de la querella de esa provincia, Duilio Ramírez, en los alegatos de apertura del histórico juicio por la verdad que inició el pasado 19 de abril y en el que se buscará determinar judicialmente -pero sin imputados ni consecuencias punitivas- los hechos de la matanza de entre 500 y 1000 integrantes de las comunidades qom y moqoit en 1924 durante un megaoperativo policial.

ANDAR en la memoria  

(Agencia) 98 años después, el Estado argentino a través del Poder Judicial dio inicio a un proceso reconocimiento histórico sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por fuerzas policiales y con la participación de civiles durante la llamada Masacre de Napalpí, ocurrida el 19 de julio de 1924 en Territorio Nacional del Chaco, luego constituida en provincia.

El tribunal de juicio será unipersonal y estará a cargo de la jueza federal 1 de Chaco, Zunilda Niremperger, y no habrá contraparte o defensas. Una de las jornadas de audiencia se realizará en Machagai –cercano al sitio de la masacre-, otras en capital federal y se prevé que el 19 de mayo concluya el proceso oral y público en  la Casa de las Culturas, en Chaco, el mismo lugar en el que la semana pasada comenzó el juicio.

A cargo del Juzgado Federal 1 de Resistencia y con la realización de la mayoría de las jornadas en la Casa de las Culturas, situada en aquella ciudad, el juicio por la memoria “es una judicialización de hechos sin repercusiones penales ni imputados. Se busca la reivindicación de las memorias de los pueblos, calmar las heridas, reparar y activar la memoria y generar conciencia colectiva de que las grandes violaciones a los derechos humanos no deben volver a repetirse. Especialmente en este tipo de casos que habrían sido generados por el Estado y en contra de un colectivo altamente vulnerable”, explicó la jueza Zunilda Niremperger.

Tal como se había acordado en la audiencia preliminar, las jornadas serán de acceso público y libre, y también se transmitirán por la web a través del sitio oficial del poder judicial federal. En cuanto a las intervenciones de la fiscalía  y las querellas, se aceptó evitar dar nombres propios y cualquier tipo de imputación personal en función de la naturaleza del presente juicio. Y para esta primera jornada llevada a cabo el 19 de abril se cumplió el acuerdo de que las presentaciones de alegatos de apertura no duraran más de 20 minutos, a fin de poder cumplir con el cronograma previsto.

En este sentido, el Ministerio Público Fiscal (MPF) abrió su exposición remarcando y valorando la iniciativa de la Unidad de Derechos Humanos del MPF que en 2014 motorizó y realizó los primeros pasos para la investigación penal. Asimismo, detalló que el presente proceso de juicio se lleva a cabo en consideración a que los delitos de lesa humanidad repugnan a la humanidad en su conjunto y tipifican conductas de los Estados.

De acuerdo al alegato de fiscalía, se investiga la comisión del delito de homicidio agravado con ensañamiento en reiteración de hechos y en concurso premeditado de dos o más personas en concurso real, conductas catalogadas como delitos de lesa humanidad.

“Se demostrará que en la zona conocida como El Aguará, en Napalpí, se concentraban entre 800 y 1000 personas indígenas y peones correntinos, en tolderías a modo de campamento. Había mujeres y niños entre ellos. El 19 de junio de1924, durante la mañana, alrededor de un centenar de policías y algunos civiles armados se ubicaron a unos 100 metros y comenzaron una balacera intensa e indiscriminada sobre los campamentos. Se podrá apreciar que los responsables de esta barbarie violaron toda la normativa procesal y de fondo vigente de aquél momento, no solo por la ejecución de los hechos sino también por no investigar luego la matanza”, describió.

Por su parte, la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de Chaco, representada por su titular Duilio Ramírez, argumentó que este juicio no solamente es legal sino que también es legítimo, “tremendamente necesario para re dignificar al agredido que, en este caso, son los pueblos qom y moqoit, pueblos preexistentes y cuyas lenguas son hoy idiomas oficiales en la provincia del Chaco”.

“Aspiramos a probar que la masacre de Napalpí no fue un hecho aislado sino uno de los episodios más extremos y violentos que han sufridos los pueblos originarios en nuestro país. La ocupación del territorio del Chaco tuvo como objetivos desapropiar a los pueblos originarios y, en segundo lugar, hacerse de mano de obra barata para producir. De una vida en sintonía con la naturaleza a un sistema de producción externo a sus historias. Las tierras fueron entregadas a las personas ligadas al exterminio para las plantaciones de algodón y quebracho”, agregó.

También presentó sus postulados la querella del Instituto del Aborigen Chaqueño, que señaló que la verdad, la justicia y la reparación, y la garantía de no repetición contribuyen a la consecución de objetivos intermedios o de mediano plazo: ofrecer el reconocimiento de las víctimas y fomentar la confianza, así como contribuir a la reconciliación y reforzar el estado de derecho.

Terminada la etapa de alegatos de apertura, se pasó a la proyección audiovisual del testimonio de uno de los sobrevivientes, Pedro Balquinta, propuesto por la fiscalía y las querellas. Se trata no solo de un sobreviviente de la masacre de Napalpí, de julio de 1924 durante las protestas por mejores condiciones de vida por parte de las comunidades qom y moqoit, sino también de la Masacre de El Zapallar, actualmente General San Martín, también en la provincia del Chaco.

EL material de archivo fue producido cuando Balquinta tenía alrededor de 105 años, y cabe destacar que en 2014 el fiscal de la Unidad de Derechos Humanos de Resistencia, Diego Jesús Vigay, tomó testimonio a Balquinta desde la vivienda del sobreviviente ubicada en el Paraje San Lorenzo Colonia Necochea, a unos 300 kilómetros de la capital provincial.

Además de los integrantes de los pueblos originarios, el testigo recordó que había también hacheros y obrajeros, unos cuantos paisanos, y que mataron a muchos. “Luego los taparon en un pozo grande, un solo pozo”, recordó Balquinta en aquella oportunidad.

También se proyectó el testimonio de otra sobreviviente, Rosa Grilo, producido ante la Fiscalía Federal de Resistencia el 27 de noviembre de 2018. A esa fecha, Grilo tenía 104 años. Por último, declaró el historiador Juan Chico.

La próxima jornada de audiencia será el 26 de abril, nuevamente en la Casa de las Culturas, para continuar con la recepción de declaraciones testimoniales y producción de prueba.