El 30 de agosto pasado la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció penalmente a dos agentes de la policía bonaerense por realizar acciones de inteligencia ilegal, quienes vestidos de civil y sin ninguna identificación sacaron fotografías a la familia Verón y a las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos que los acompañaban durante la audiencia del juicio en el que condenaron a dos policías por el homicidio de Lucas. Dos semanas después, y en el marco del juicio por el asesinato del colectivero Pablo Flores –en el cual se absolvió a los tres imputados por irregularidades en la causa armada por el personal policial y judicial-, los mismos policías fueron reconocidos por personal de la CPM, mostrando un grave indicio de la sistematicidad en torno a prácticas ilegales e injustificadas. El ministro Sergio Berni aún no contestó la nota enviada en agosto por este organismo.

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En un juicio que dio cuenta de una nueva «causa armada» por la Policía Bonaerense, se observaron a agentes de dicha fuerza realizando acciones de inteligencia ilegal. “Al menos dos de las personas observadas y de las cuales aportamos registros fotográficos poseen el mismo aspecto físico que aquellas denunciadas oportunamente el 30 de agosto, tratándose con un alto grado de probabilidad de las mismas personas”, señala la ampliación de la denuncia de la CPM presentada ante el Juzgado Federal N° 2 de Morón a cargo de Jorge Rodríguez.

Se trata de la identificación del oficial ayudante Martino y del sargento Cristian Ramírez, quienes ya habían sido descubiertos y denunciados penalmente por esta CPM el pasado 30 de agosto por haber fotografiado a la familia de Lucas Verón, a organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos y amigos, durante el juicio en el que dos policías resultaron condenados por un caso de «gatillo fácil».

En aquella oportunidad, el organismo también había denunciado los hechos ante la Auditoría General de Asuntos Internos y requerido al ministro de Seguridad Sergio Berni la adopción de medidas urgentes y muy claras para prohibir estas acciones de parte del personal policial, pero nunca hubo respuesta del funcionario.

“El día 13/09 del corriente año, en el marco del juicio oral llevado a cabo por el TOC 5 de La Matanza contra Oscar Vega y otros -en el cual se denunciaron irregularidades en la investigación llevada a cabo por el personal policial y judicial- un trabajador de esta CPM presente en el lugar identificó nuevamente a los mismos agentes policiales vestidos de civil que fueran denunciados por la realización de inteligencia ilegal”, describe la nueva presentación.

“Consideramos pertinente la incorporación de estos nuevos hechos a la investigación en curso, entendiendo que se trataría de los mismos sujetos activos en ambos casos y que a su vez el objeto de la investigación podría ser compartido, teniendo en cuenta que lo denunciado es la realización de actos de inteligencia ilegal perpetrado por fuerzas de seguridad de la Provincia de Buenos Aires, en infracción a la ley 25.520”, agrega.

Entre las nuevas pruebas aportadas por el organismo se consignan tres fotografías de ambas jornadas en las que aparecen los dos policías denunciados y un volante de convocatoria a la actividad de apoyo contra la «causa armada» a los imputados Oscar Vega, Néstor Fabián Marone y su hijo Adrián Alberto Marone, quienes fueron absueltos en el juicio.

En este sentido, se pidió que se agreguen estos elementos a la investigación iniciada el 30 de agosto pasado por la Fiscalía Federal 2 de Morón  a cargo de Mariela Labozzetta -quien había requerido la instrucción de la causa-, y que se tomen las medidas investigativas necesarias a efectos de determinar la posible responsabilidad penal de los involucrados.

Cabe recordar que la audiencia del juicio oral por el asesinato de Lucas Verón ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de La Matanza se desarrolló en agosto en la sede de la Universidad Nacional de dicho distrito. Dos hombres tomaban fotografías a las personas que se habían congregado para el juicio y algo en ellos llamó la atención de uno de los abogados del equipo de la CPM, organismo que actuó como particular damnificado en el proceso, en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. Eran policías vestidos de civil operando en territorio de una universidad nacional, donde no tienen jurisdicción. En aquel momento, de manera respetuosa y acreditando que se trataba de personal de la CPM, se les pidió que se identifiquen e informen el motivo de su presencia. Finalmente confirmaron ser efectivos de la comisaría 1° de San Justo que llevaban adelante esa tarea por órdenes superiores.

“Entendemos que la realización de tareas de inteligencia ilegal, en el marco de un juicio en el que se investiga la responsabilidad penal de agentes policiales por un caso de “gatillo fácil” constituye una acción intimidatoria, amenazante, por fuera de la normativa vigente en la materia, y debe ser denunciada”, dijeron desde la CPM al presentar un escrito ante la Fiscalía federal N° 2 de Morón, para que se investigue la posible comisión de delitos de acción pública.

La Policía Bonaerense solo puede desplegar acciones de inteligencia criminal si están ordenadas por una resolución de un juez competente en el marco de una investigación penal, pero tiene prohibido «obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, asá como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción» (art. 4 inciso 2 de la ley 25.520 de Inteligencia Nacional).

En este caso la actividad encubierta del personal policial, cuyo objetivo era la reunión de información de orden política y social, es claramente ilegal y viola expresamente la ley nacional mencionada y toda normativa provincial que regula la acción policial.

La CPM requirió nuevamente al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires el cese de estas acciones policiales y solicitó que se investigue y sancione a estos agentes y quienes impartieron esas órdenes. Asimismo anotició a la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso nacional y a las comisiones de Derechos Humanos y de Seguridad de la Legislatura provincial estos hechos gravísimos.