Agustín Ramírez fue asesinado en democracia en 1988. Era un militante social involucrado en el reclamo de tierras en el conurbano bonaerense y formó parte de las Comunidades Eclesiales de Base. A 26 años de su muerte, familiares, amigos y figuras públicas acompañan el pedido de justicia en un juicio por la verdad.

ANDAR en los juicios

(Agencia) Nora Cortiñas, con el pañuelo blanco en la cabeza y la foto de su hijo sobre el pecho, abraza a Francisca, la mamá de Agustín, asesinado en 1988. Con esa imagen terminó el juicio ético por la verdad y la justicia de Agustín Ramírez, un militante social y cristiano involucrado en el reclamo de tierras en el conurbano bonaerense. 

El objetivo primordial de este juicio era sistematizar la información sobre el caso a fin de presentar la causa ante la Comisión Interamericana de DDHH y conseguir declarar el caso como delito de lesa humanidad. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) participó del encuentro que nucleó a familiares, militantes de base, figuras públicas, funcionarios y religiosos. En este marco, la directora general de Promoción y transmisión de la Memoria de la institución, Sandra Raggio, participó como testigo de la querella -familia de Agustín- en base a la información recabada en los documentos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), que dan cuenta del espionaje policial acerca de la víctima y que fueron entregados a la familia.

[pullquote]Que existan legajos de inteligencia sobre Agustín Ramírez da cuenta del sentido político que su muerte tuvo[/pullquote]

“Que existan legajos de Agustín Ramírez da cuenta del sentido político que el delito tuvo, porque la DIPPBA hacía este tipo de espionajes sobre gente que consideraba ‘factores de peligrosidad’ para el ‘orden social’”, testificó Raggio ante el tribunal conformado por Nora Cortiñas, miembro de Madres de Plaza de Mayo, Aldo Etchegoyen, obispo metodista fundador del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), el rabino Daniel Goldman, el presbítero Félix Gibbs y el psiquiatra Alfredo Grande, quien ejerció la presidencia.

En el juicio simbólico testificó también Luis Brunati, ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires cuando asesinaron a Agustín, quien expresó que “hay que pensar en el contexto del asesinato, en donde si bien se encuentran presentes las instituciones, todavía la policía, los jueces y algunos funcionarios eran de la dictadura”, y añadió que “es fácil decir que esto ya fue juzgado, pero es necesario preguntarse en qué condiciones se dio ese juicio; muchos testigos han sufrido presión policial”.

[pullquote] En el contexto del asesinato todavía la policía, los jueces y algunos funcionarios eran de la dictadura[/pullquote]

Además, declararon los hermanos de Agustín y su madre, Francisca, algunos de sus compañeros de militancia, el obispo de Quilmes, Carlos José Tissera, la hermana de Luciano Arruga, Vanesa Orieta, y José Luis Callegari, referente del Centro Angelelli de Florencio Varela e integrante de la CPM. En calidad de amicus curiae participó Mario Lozano, rector de la Universidad de Quilmes -donde se realizó el juicio ético-, y el intendente de Quilmes, Francisco Gutierrez. También estuvo presente el padre Luis Farinello.

Al finalizar el juicio simbólico y a modo de cierre del acto, el tribunal resolvió condenar a la policía bonaerense por el asesinato de Agustín Ramírez y declararlo como delito de lesa humanidad; momento en el que Francisca agradeció la compañía y el apoyo de todos los presentes y Nora Cortiñas concluyó “estoy orgullosa de ser parte de este tribunal y espero que se haga justicia”.

Francisca, la mamá de Agustín dando testimonio. FOTO: Andar

Agustín Ramírez

Fue un militante cristiano de las Comunidades Eclesiales de Base de San Francisco Solano, partido de Quilmes. Desde su adolescencia se interesó por modificar la realidad social de los pobres y se relacionó con sacerdotes comprometidos con estas causas, como Raúl Berardo de la Parroquia Itatí y Jorge Novak, obispo de la Diócesis de Quilmes.

Más tarde ideó y dirigió el periódico Latinoaméricagaucha, publicación que fue un medio de expresión y de reclamo de los pobladores del barrio. La motivación y el compromiso de Agustín y de sus compañeros se fundaban en la intensión de mejorar las condiciones de vida de sus vecinos y vecinas del barrio.

En  noviembre de 1981, Agustín participó de la ocupación de tierras en San Francisco Solano por parte de más de 3000 familias en condiciones de pobreza y sin acceso a viviendas.

El 5 de junio de 1988 fue asesinado junto a Javier Sotelo, uno de sus compañeros militantes, y junto con los crímenes de Ingeniero Bunge, sus muertes representan los primeros casos de ejecución policial en democracia. Por el hecho, fue acusado un ex miembro de la Policía Federal que cumplió condena con tratamiento psiquiátrico, en una institución estatal de salud mental.

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