La Granja Alcer no posee equipo de profesionales de la salud, no cuenta con ninguna habilitación y tiene una clausura provisoria incumplida. El director de la comunidad dispone cuál es el régimen de vida y lo gestiona a través de la violencia, incluso admitió tener un arma en su habitación. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) inspeccionó el lugar en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura a partir de una denuncia, se presentó ante la justicia penal e interpuso una acción de habeas corpus. La justicia tardó un mes en comenzar a dar algún tipo de respuesta a pesar de la gravedad de la situación.

ANDAR en Marcos Paz

(Agencia Andar) La CPM inspeccionó a principios de mayo la comunidad terapéutica Granja Alcer en la localidad de Marcos Paz a partir de una denuncia por malos tratos y amenazas de una persona que había estado alojada allí. Él y su esposa habían radicado dos denuncias ante la Fiscalía N° 5 de Mercedes, a cargo del fiscal Luis Baraldo Victorica, por los episodios vividos en el lugar.

Luego de relevar la institución y frente a lo que se encontraron, los equipos del organismo presentaron un habeas corpus y una ampliación a la denuncia penal existente solicitando la asistencia a las personas alojadas en el lugar y la investigación de vulneraciones de derechos y delitos respectivamente. A pesar de la gravedad de la situación, recién a principios de junio se logró que la justicia librara una orden de allanamiento a través del Juzgado de Garantías N° 2 de Mercedes a cargo del Dr. Facundo Guillermo Oliva.

“Los adictos son tarados que no saben nada de la vida. Si les doy pastillas los pongo más tontos”, dijo el director, Carlos Cerruti, cuando le preguntaron sobre el tratamiento para las personas que se encontraban alojadas buscando una solución a sus consumos problemáticos. En la supuesta comunidad no existe un equipo profesional que brinde abordaje terapéutico, ni una evaluación interdisciplinaria que justifique la internación. “Los psicólogos no sirven, las personas les mienten”, aseguró Cerruti que es quien dispone el régimen de vida y la manera de proceder ante una crisis subjetiva: “los calmo con membrillo, que es un ansiolítico natural”, afirmó.

Las personas internadas en la Granja Alcer no acceden a actividades educativas, laborales ni recreativas, no pueden realizar llamadas a sus familiares y reciben visitas sólo los domingos. Tampoco existen estrategias de externación y las salidas al entorno familiar se permiten después de una determinada cantidad de tiempo de internación (pueden ser 9, 12 ó 14 meses), dispuesta arbitrariamente y sin un criterio terapéutico.

En la inspección se relevó, además, que la institución funciona sin ningún tipo de habilitación sanitaria, ni municipal ni provincial. Incluso el director afirmó que desconocía los trámites y requisitos exigidos para hacerlo. La Dirección de Fiscalización Sanitaria del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos le había labrado un acta con una clausura provisoria en marzo que prohibía nuevos ingresos e indicaba refacciones. A partir de documentación requerida al dueño, se identificó que dicha clausura estaba siendo incumplida porque posteriormente habían ingresado personas.

A un trato basado en la violencia verbal, gritos, destrato y expresiones discriminatorias entre otras vulneraciones de derechos relevadas, se suma que el dueño del lugar explicitó que tenía un arma en su habitación. En este marco, después de la inspección, la CPM amplió la denuncia radicada ante la UFI N° 5 de Mercedes y se interpuso un habeas corpus colectivo que tramita ante el Juzgado Correccional Nº 2 de Mercedes a cargo del Dr. Santiago Marchio.

En el habeas corpus se pidieron medidas de resguardo, cuidado y no revictimización de las personas alojadas, se subrayó la necesidad de coordinar las acciones y medidas de prueba con la fiscalía que interviene en la investigación penal, se pidió notificar a los organismos pertinentes que deben controlar estos espacios, y que se realicen pericias interdisciplinarias que incluyan la perspectiva de trabajo social, psicología, psiquiatría que releven las condiciones materiales y la seguridad e higiene.

Aunque desde el organismo se intentó establecer comunicación con el Fiscal prácticamente todos los días que siguieron a la inspección para transmitir la urgencia y gravedad de la situación, tanto por vía telefónica como por mail institucional, no se obtuvo ninguna respuesta. Después de aproximadamente 10 días, vía mail la UFI Nº 5 de Mercedes informó a la CPM que la instrucción había sido remitida a la UFI N° 1 del mismo departamento judicial, la cual aborda investigaciones complejas, a cargo del fiscal Pablo Merola. Una vez informado este cambio, se presentó un escrito a la nueva UFI interviniente solicitando nuevas medidas de prueba urgentes y reiterando las pendientes.

El habeas corpus no tuvo mejor suerte: el Juzgado Correccional lo rechazó con el fundamento de haber mantenido una comunicación telefónica con el responsable de la institución que informó que las personas se encontraban “voluntariamente” en el lugar y que el poder de policía para intervenir en cuestiones administrativas lo detenta el Ministerio de Salud.

Esta resolución fue apelada ante la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo penal. La Sala I a cargo del Dr. Oscar Horacio Reggi, confirmó parcialmente el rechazo y solo dio lugar a la intervención de la Fiscalía General por la posible comisión de delitos.

Finalmente, el 6 de junio, es decir casi un mes después de la denuncia,   el Juzgado de Garantías N° 2 de Mercedes, a cargo del Dr. Facundo Oliva, libró orden de allanamiento en la institución respondiendo al requerimiento de la UFI Nº 1. Si bien la investigación continúa en curso se perdió material probatorio fundamental debido a la dilación de la justicia.

Por el momento la institución continúa funcionando a pesar de todo lo relevado y denunciado.