Desde Choya llegaron las imágenes de la policía catamarqueña reprimiendo a los asambleístas que acampaban en contra de la actividad minera en el lugar. La resistencia de un pueblo a perder su recurso más preciado: el agua.

ANDAR en Catamarca

(Agencia Andar) Desde marzo los vecinos de la localidad catamarqueña de Choya realizaban un acampe en reclamo por la contaminación de la cuenca del río que lleva el nombre del pueblo. Organizados en la Asamblea Aguas Claras, la gente decidió acampar en el cerro, a unos cuatro mil metros de altura, en defensa de la principal fuente de agua de la zona. Detectaron que el emprendimiento minero llamado MARA (Agua Rica-Alumbrera), de las empresas Yamana Gold, Glencore y Newmon, había logrado pasar máquinas a espaldas del pueblo iniciando trabajos de perforación.

“A MARA le cambiaron el nombre pero es el mismo proyecto megaminero de agua Rica, a 14 km del centro de Andalgalá en los cerros del Aconquija. Implicaría la afectación total del Río Andalgalá y otros como Potreros, Choya, cuencas de otros distritos del municipio”, explica Melina Zochi, integrante de otra de las asambleas de la zona, la del Algarrobo. “Este año hace unos meses en Choya empezaron a detectar problemas de salud y en la apariencia del agua. Era por los trabajos de MARA, hubo un impacto inmediato en el agua con la que riega y toma el pueblo. Ante el reclamo el gobierno provincial negó todo y empezó a llevar a concejales al lugar a visitar otras partes de la minera. Pero el pueblo comprobó que quieren seguir estirando el área de perforación y eso afecta las cuencas”, agrega.

Y resolvieron el acampe. “Ellos se mantienen en Capillitas a 4 mil metros de altura y el resto continuamos en alerta, y participando de la asamblea permanente de El Algarrobo -cuenta Melina-. Esa fue la alerta que encendió la alarma cuando el último martes vieron pasar una gran cantidad de móviles policiales hacia el lugar. “Cortaron el acceso a capillita en el kilómetro 28 de la cuesta, los aislaron, así nadie podía subir o bajar o saber qué pasaba y no hay señal en el lugar. Los empujan, los atropellan para que puedan pasar camionetas con combustible y aceite y las personas que trabajaban en MARA”, describe Melina.

Al bajar la policía se encontró con la gente agrupada en el camino, preocupada por sus vecinos, reclamando saber qué pasaba. “Como respuesta recibieron balas de goma, palazos”, dice Melina. El saldo fue unos cuantos heridos y una vecina detenida: “ella es una productora, madre soltera y estaba frente a la policía, decía ‘yo estoy acá por el agua de mis hijos’ y se la llevaron. Estaban armados y nos trataban a nosotros de violentos. Las cosas se ven en los videos: eso es represión”, define la activista que señala que en Choya son todas familias de pequeños productores. “El agua es la vida integral para todos nosotros”.

La consciencia de Andalgalá sobre su riqueza ya lleva más de 10 años de defensa de sus recursos y 640 caminatas, cada sábado, en contra de la minería a cielo abierto. No piden más leyes, exigen que se cumplan las que existen: una ordenanza municipal, la Ley Nacional de Glaciares, el Acuerdo de Escazú, la Ley de General del Ambiente, y resoluciones  del Ministerio de Minería de la provincia, entre otras.

“Es un escándalo y demostró una vez más que donde hay mineras no hay estado de derecho. Pero no hay licencia social y no la va a haber, es obvio que ese modelo no cierra”, concluye Zochi.

Desde la Comisión por la Memoria, al conocer la situación, se informó al Comité  Nacional de prevención de la Tortura, se solicitó la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos y del Ministerio de Seguridad de Nación, y de las dependencias de Derechos Humanos y Legislatura de Catamarca.