El lunes 17 de octubre comenzó el juicio por la masacre de Wilde, un brutal ataque policial con armas de fuego ocurrido el 10 de enero de 1994 que concluyó con cuatro muertos y un sobreviviente. Las pericias determinaron que se dispararon más de 200 balas, todas desde las armas de los policías que se trasladaban en autos sin identificación y no llevaban uniforme. La DIPPBA trabajó desde el principio la versión del enfrentamiento, y siguió de cerca a de las familias de las víctimas y las repercusiones del ataque en los medios nacionales. La CPM aportó este material del archivo DIPPBA a los abogados de las familias.

ANDAR en la justicia

(Agencia) El Tribunal Oral en lo Criminal 3 de Lomas de Zamora, integrado por los jueces Marcelo Hugo Dellature, Luis Miguel Gabián y Claudio Fernández, lleva adelante el histórico y demorado juicio en el que se ventila la responsabilidad de los efectivos policiales que acribillaron, a quemarropa y a plena luz del día, a cinco personas que se trasladaban en dos autos; según la versión de los policías, habrían sido confundidos con los autores de un presunto robo a una sucursal del banco Galicia.

El 10 de enero de 1994, una comisión policial de la entonces Brigada de Investigaciones de Lanús persiguió y asesinó a balazos a cinco ocupantes de dos autos: el remisero Norberto Corbo y los pasajeros Claudio Mendoza y Enrique Bielsa, y el vendedor de libros Edgardo Cicutín que se trasladaba en un auto conducido por Claudio Díaz, el único que sobrevivió al ataque.

La causa tuvo a 12 policías imputados pero solo 9 llegan a juicio: César Córdoba, Carlos Saladino, Norberto Mantel, Osvaldo Lorenzón, Eduardo Gómez, Pablo Dudek, Julio Gatto, Hugo Reyes y Marcos Rodríguez, quien estuvo prófugo desde 2014 y fue excarcelado en marzo pasado; a Marciano González no lo juzgan porque sufrió un ACV y otros dos imputados fallecieron.

Todos ellos estaban bajo las órdenes del entonces comisario y actual abogado Juan José Ribelli, procesado y luego absuelto por el atentado a la AMIA, que no estaba en el país cuando ocurrió el hecho.

Cabe recordar que, tras años de haber gozado del sobreseimiento dispuesto por la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora, la causa fue reactivada por orden de la Suprema Corte de Justicia bonaerense y, en virtud del sistema de transición para la aplicación del código procesal penal provincial, recayó en el Juzgado de Garantías 8 de Lomas de Zamora a cargo del juez Gabriel Vitale. Fue precisamente este magistrado quien le dio un impulso fundamental a la causa por la masacre de Wilde y su elevación a juicio.

Con jornadas de debate todos los días desde el lunes 17 y con alegatos que se prevén para el final de esta semana, ya declararon la esposa de Edgardo Cicutín, Raquel Gazzanego, un testigo que al momento de los hechos almorzaba en una parrilla donde terminó impactando el auto de Corbo y Claudio Díaz, el único sobreviviente de la masacre, entre otros valiosos relatos que prueban la intención de matar de los policías de la ex Brigada de Lanús.

En este juicio resulta de particular relevancia la pretensión del Ministerio Público Fiscal de probar, en términos similares a los de los particulares damnificados, que la masacre de Wilde fue un “eslabón más dentro de los ataques sistemáticos, generalizados y organizados contra la población civil por parte de funcionarios públicos venales enquistados en la Policía y ante la falta de acción del Poder Ejecutivo y el aletargamiento del Poder Judicial”.

No obstante la cantidad de testigos, pruebas documentales y periciales existentes, la propia institución policial intentó instalar la versión de un enfrentamiento originado tras una persecución policial. Así lo llamó la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), cuyo archivo documental preserva y gestiona la CPM.

El legajo 37102 de la Mesa DS (delincuentes subversivos) fue iniciado el 11 de enero de 1994, un día después de la masacre, bajo el nombre “Enfrentamiento armado entre personal de la Brigada de Investigaciones de Lanús y Delincuentes en Wilde- muerte de civiles ajenos al procedimiento Norberto Corbo y Edgardo Cicutín”.

En un primer informe, personal de inteligencia de Quilmes relata a sus superiores que “siendo aproximadamente las 15, en la intersección de las calles Cte. Franco y Lobos de la localidad de Wilde se produjo un enfrentamiento de envergadura entre personal policial y delincuentes”.

“Según las versiones, dan cuenta que el personal policial seguía a un vehículo y que desde los vehículos venían intercambiándose disparos. Asimismo, habría otro vehículo involucrado en el cual también maleantes trataban de evadir la persecución policial”, destaca el reporte, y agrega que “en poder de los delincuentes se habría secuestrado una pistola calibre 11.25 con inscripción del Ejército Argentino, un pistolón del 14 y un revólver calibre 32”.

A partir de allí el legajo está integrado por una minuciosa recopilación de artículos periodísticos, entrevistas e informes publicados en diarios, y la desgrabación de notas televisivas y radiales, relevamientos llevados a cabo por la sala de escucha de la DIPPBA.

A comienzos de agosto de 1994 se llevó a cabo la reconstrucción del hecho a instancias de la jueza penal interviniente, Silvia González, y se detuvo a los 11 policías imputados inicialmente. En aquella oportunidad, la delegación DIPPBA de Quilmes señaló que presenciaron la diligencia judicial unas 60 personas, entre las cuales se hallaban unas cuatro pancartas del COFAVI.

“Se detectó la presencia de familiares de las víctimas y, entre ellos, a los padres de uno de los fallecidos apellidado Corbo. Éstos portaban banderas celestes y blancas, en las que podía leerse COFAVI –Comisión de padres y familiares de víctimas inocentes de la violencia policial judicial e institucional”. “Se estima que en los próximos días donde continuará este procedimiento no se suscitarán tampoco incidentes aunque sí se incrementarán las declaraciones críticas hacia la policía de distintas organizaciones de Derechos Humanos, y algunos periodistas cuya línea editorial es adversa a la institución”, agregó.

Hacia fines de noviembre de aquel año hubo un retroceso fundamental en la causa cuando la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora resolvió a favor de un habeas corpus presentado por los defensores de los policías, y decidió sobreseerlos y dejarlos en libertad en virtud de una supuesta falta de pruebas.

Desde la DIPPBA se reportó que el 24 de noviembre se reunió frente al edificio de la Cámara de Apelaciones “un grupo de 10 personas, familiares directos del remisero Corbo, a los efectos de manifestarse en contra de la medida adoptada judicialmente para con el personal policial involucrado” en la masacre de Wilde.

“Debe tenerse en cuenta que desde el principio la COFAVI captó la necesidad de la familia Corbo de manifestarse en contra del accionar policial. No obstante, en esta oportunidad no se detectó la presencia de los principales dirigentes de esta organización: María Teresa de Schiavini y Alicia Diz de Rivas, quienes habían estado presentes en la reconstrucción del hecho”, agregó la agencia de inteligencia respecto a la liberación de los imputados.

Recién en 2013, por intervención de la Suprema Corte de la Provincia, se revocó el sobreseimiento en virtud de la ausencia de actividad investigativa seria y comprometida con el esclarecimiento de los hechos. Pero casi hasta la disolución de la DIPPBA en 1998 seguirán (como lo prueba el otro legajo, el 37483 de la Mesa Delincuentes Subversivos) las tareas de seguimiento y vigilancia a las familias de las víctimas, las organizaciones de derechos humanos y su reclamo por justicia.