Dos agentes de la policía bonaerense vestidos de civil, y sin ninguna identificación, sacaron gran cantidad de fotografías a la familia Verón y las personas que los acompañaban, durante la audiencia del juicio en el que condenaron a dos policías por el homicidio del joven y la tentativa contra su amigo. Se trata de una práctica ilegal que, además de no tener justificación alguna, fue realizada dentro del predio de la Universidad Nacional de La Matanza donde la policía bonaerense no tiene permitido el ingreso ni la intervención. La Comisión por la Memoria, en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, denunció penalmente este hecho ilegal ante la justicia y requirió con urgencia al Ministro de Seguridad, Sergio Berni, el cese de estas prácticas policiales y la sanción de los responsables.

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(CPM) La audiencia del juicio oral por el asesinato de Lucas Verón ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de La Matanza se desarrolló en la sede de la Universidad Nacional de dicho distrito. Dos hombres tomaban fotografías a las personas que se habían congregado para el juicio, principalmente a familiares y amigos de Lucas Verón. Algo en ellos llamó la atención de uno de los abogados del equipo de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el organismo que actuó como querellante en el proceso en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. Eran policías vestidos de civil.

De manera respetuosa y acreditando que se trataba de personal de la CPM, se les pidió que se identifiquen e informen el motivo de su presencia. Finalmente confirmaron ser efectivos de la Comisaría Primera de San Justo que llevaban adelante esa tarea por órdenes superiores. “Entendemos que la realización de tareas de inteligencia ilegal, en el marco de un juicio en el que se investiga la responsabilidad penal de agentes policiales por un caso de “gatillo fácil”, constituye una acción intimidatoria, amenazante y por fuera de la normativa vigente en la materia, y debe ser denunciada”, dijeron desde la CPM al presentar un escrito ante la Fiscalía federal N° 2 de Morón a cargo de la fiscal Mariela Labozzetta para que se investigue la posible comisión de delitos de acción pública.

Cualquier acción de inteligencia criminal desplegada por la policía debe estar avalada por órdenes judiciales fundadas y está prohibida la inteligencia por razones políticas, sociales o de otro orden. En este caso la actividad encubierta del personal policial, cuyo objetivo era la reunión de información de orden política y social en el contexto de manifestaciones públicas en las que participaban familiares de víctimas y las organizaciones políticas, sociales y gremiales que los acompañaban, es claramente ilegal y viola expresamente la Ley Nacional de Inteligencia N° 25.520 y toda normativa provincial que regula la acción policial.

En este marco la CPM solicitó que se requiera al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires que informe si existió alguna orden judicial para disponer la presencia de esos efectivos en el lugar, el registro fotográfico de los concurrentes y cualquier otra información referida a los hechos. Por otro lado, la CPM denunció los hechos a la Auditoría General de Asuntos Internos y requirió al Ministro de Seguridad Sergio Berni la adopción de medidas urgentes y muy claras para prohibir estas acciones de parte del personal policial.

Las acciones de inteligencia ilegal llevadas a cabo por personal de la Policía Bonaerense son de una enorme gravedad institucional y requieren de decisiones políticas muy claras para erradicarlas. La CPM gestiona el Archivo de la ex-DIPBA (Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense) que, durante más de 40 años, llevó adelante el espionaje político y social en territorio provincial. Su descubrimiento y cierre en 1998 respondió a los consensos democráticos de los partidos políticos que acordaron terminar con estas prácticas ilegales que afectan profundamente la democracia. Es preciso señalar que la DIPBA, durante el periodo democrático, siguió, espió, persiguió y registró las acciones de familiares y distintas organizaciones que se movilizaban y reclamaban en casos de gatillo fácil: se infiltraban en los actos y marchas, recogían volantes, sacaban fotos, filmaban. Lo hicieron frente a cientos de hechos de violencia policial como la Masacre de Budge, la desaparición de Miguel Bru, el secuestro, tortura y asesinato de Agustín Ramírez, entre otros.

Las acciones de los agentes policiales en el marco del juicio por el asesinato policial de Lucas Verón señalan que la policía continúa desarrollando estas prácticas, como también lo hicieron en manifestaciones y reuniones llevadas a cabo por los familiares de la Masacre de Monte, donde agentes policiales fueron responsables de la muerte de 4 jóvenes, y en otras manifestaciones de familiares de personas que murieron en cárceles o comisarías.