Son 9 jóvenes a los que se acusa por comercialización de estupefacientes y los detuvieron en un megaoperativo en el que allanaron y detuvieron a una veintena de personas. Sin embargo la causa está plagada de irregularidades. Desde la Cátedra Educación y Derechos Humanos de la Universidad Nacional del Sur piden el cese de las prisiones preventivas.

ANDAR en Bahía Blanca

(UNS) Hace un año en Puan, sudoeste de la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio Público Fiscal a  cargo del fiscal Mauricio Del Cero, el Juez de Garantías Guillermo Mércuri,  junto con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, a  cargo de Sergio Berni, realizaban un operativo en una localidad de 5000 habitantes. En el marco de dicho procedimiento fueron detenidos más de 20 jóvenes, allanadas sus viviendas, en un operativo de gran magnitud y en el marco de una causa completamente irregular en el contexto de la judicialización y criminalización de la juventud.

La acusación fue por comercialización de estupefacientes. Se secuestraron plantas completas, sin fraccionar, se secuestraron armas obsoletas de abuelos de los jóvenes, de esas que se usan para cazar, y solo se secuestraron en algunos casos nada más que unas pocas plantas de cannabis  y casi en ningún caso otro estupefaciente. Sólo se basan en mensajes y datos aportados por supuestos informantes.

Desde el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público Fiscal se realizaron puestas en escena, operaciones mediáticas para presentar como un gran operativo antidrogas lo que sólo  fue uno más de los tantos operativos que se realizan para justificar gastos,  perseguir, judicializar y encarcelar a los jóvenes en el contexto de una  supuesta  “guerra contra las drogas”.

Fueron 4 los jóvenes liberados en una primera instancia, meses más tarde 5 jóvenes tuvieron prisiones domiciliarias, y 9 siguen detenidos a pesar de los pedidos de prisiones domiciliarias, solicitudes, habeas corpus y planteos por temas de salud o por ser sostén de hogar y estar a cargo de hijos. Tampoco se ha avanzado en que se investigue como corresponde las irregularidades que inundan a la causa entre ellas un testigo que no reconoce su declaración, un joven acosado por la policía bonaerense.

Las familias han buscado solidaridades entre los que espacios de derechos humanos, políticos y sociales han acompañado.  Entre esos espacios la Comisión Provincial por la Memoria, y a Nora Cortiñas, también integrante de este organismo que se presentó como Amicus Curiae en la causa.   A lo largo de este en el que se presentaron escritos, habeas corpus y acompañaron presentaciones a  las tantas  solicitudes de todo tipo de las defensas.  Junto a las familias  solicitamos entrevistas con los jueces,  consultamos a la Asociación Pensamiento Penal, como espacio académico especializado, así como a periodistas que se abocan a estas problemáticas, como Emilio Ruchansky,  acompañamos a las familias en conferencias de prensa y espacios académicos de difusión  y aún así todo nos ha parecido poco para el gran engranaje montado para la judicialización de la juventud.

Desde todos los espacios académicos y de derechos humanos se ha objetado la prisión preventiva otorgada dado que es una medida extrema,  que debe ser impuesta sólo excepcionalmente y basándose en resguardar el principio de presunción de inocencia.

Nora Cortiñas se ha manifestado en este aniversario exigiendo que otorguen la libertad a los 9 jóvenes que se encuentran hoy en la cárcel de Villa Floresta y la absolución inmediata de todos en una causa plagada de irregularidades, que se inicia justamente con una denuncia falsa de un joven también perseguido y criminalizado. Exigimos que se revea la legislación por demás cuestionada por expertos y legisladores, y que que hoy está definiendo la vida y la suerte de nuestros jóvenes, que son las denonminadas “Ley de Drogas” y la “Ley de desfederalización”.

Exigimos políticas públicas integrales para abordar las múltiples realidades que atraviesa la juventud, en un contexto de desempleo, falta de oportunidades de estudio, ausencia de políticas culturales para la juventud.  Problemas que de ninguna manera pueden ser abordados desde políticas de seguridad sino desde una perspectiva de salud integral.

Basta de judicializar y perseguir a  la juventud.

Cátedra Educación y Derechos Humanos – Proyecto de Investigación “Pedagogías críticas, interseccionalidades y derechos humanos: una mirada en territorio desde la investigación participante y las metodologías cualitativas”. Universidad Nacional del Sur.