Una represión del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) en el patio del centro cerrado Virrey del Pino, con disparos de postas de goma a quemarropa y a mansalva, fue el último episodio de una serie de graves violaciones de derechos humanos que vienen ocurriendo en el centro, atravesado por un proceso de carcelización que no respeta el principio de especialidad del régimen juvenil. En estas últimas semanas la CPM, en calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, se constituyó dos veces en el lugar, entrevistó a los jóvenes, y registró las deplorables condiciones edilicias, aislamiento extremo, precaria atención sanitaria, falta de protocolo de abordaje de salud mental, torturas, traslados a unidades penales como castigo. Por estos hechos, se presentó un habeas corpus colectivo y varios individuales. También intervino la Mesa federal de organizaciones de niñez y adolescencia. El Organismo de Niñez y Adolescencia informó que se inició un proceso para modificar las funciones de seguridad interna asumidas por el SPB y que se proyecta construir un nuevo centro para desocupar el actual.

ANDAR en La Plata   

(Agencia Andar) El pasado 13 de febrero, ocho jóvenes detenidos en el centro cerrado Virrey del Pino fueron violentamente reprimidos por personal del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Ante una pelea en el patio, los agentes les dispararon con postas de goma y los agredieron con golpes de puños y patadas. Luego les hicieron firmar sanciones de entre 4 y 10 días de aislamiento y a tres de ellos lo trasladaron a una unidad penal. En sanidad recién fueron asistidos por el enfermero luego de realizar acciones de reclamo, pero tuvieron que sacarse a sí mismos los perdigones y asistirse entre ellos.

Cuando la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) se constituyó en el lugar y entrevistó a los jóvenes, muchos continuaban gravemente lesionados y con heridas sin cicatrizar.

La represión es el último episodio de una larga serie de hechos de torturas y graves violaciones de derechos humanos que vienen ocurriendo en el centro cerrado desde su inauguración en 2008 y, más específicamente, desde el 2014 cuando desembarcó en el lugar el SPB para co-gestionar el espacio junto al Organismo provincial de niñez (OPNyA). Desde ese momento, la CPM denunció reiteradamente que el SPB impuso lógicas de gestión penitenciaria que se fueron acentuando en el tiempo hasta desvirtuar por completo el funcionamiento específico como un dispositivo de encierro del fuero de responsabilidad penal juvenil.

Desoyendo la normativa nacional e internacional sobre derechos de niños, niñas y jóvenes alcanzados por la ley penal, el régimen de convivencia y la falta de tratamiento especializado fueron convirtiendo el centro cerrado en una cárcel para jóvenes. La presencia penitenciaria a modo de regulador, árbitro y monopolio final de la violencia, es la característica última del proceso de carcelización: el SPB ejerce violencia de manera directa pero también promueve, habilita y/o regula la violencia entre personas detenidas, delegándola en uno o un grupo de jóvenes.

Al ejercicio y control de la violencia y la tortura por parte del SPB, los jóvenes le suman el padecimiento de graves condiciones de detención y un extremo régimen de vida. En estas semanas, la CPM realizó dos inspecciones y detectó graves violaciones a los derechos humanos. La segunda de las inspecciones se realizó junto al equipo técnico de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, que dirige Marisa Graham.

Los jóvenes están bajo un régimen de aislamiento generalizado, que los obliga a pasar la mayor parte del día dentro de su celda, con muy pocas actividades y sin poder tener acceso continuo y adecuado a las actividades educativas. Peor aún, las actividades fuera del centro o los turnos médicos extramuros también están mediados por el SPB que pone constantemente obstáculos para realizar los traslados. Todas estas cuestiones habían sido denunciadas previamente, sin que nadie tomar medidas efectivas para resguardar la vida e integridad de los jóvenes detenidos.

Desde su inauguración, el centro cerrado Virrey del Pino tiene una larga lista de antecedentes sobre suicidios y autolesiones, a pesar de ello aún hoy no existe protocolo de abordaje de salud mental para atender estas situaciones. En 2008, a solo diez días de su apertura, 2 jóvenes se suicidaron y otros 5 lo intentaron. En ese momento, el Centro fue clausurado; Sin embargo, en el año 2010 volvió a abrirse y rápidamente se suscitaron nuevos hechos de violencia física y verbal, requisas vejatorias, insultos, autolesiones como reclamo para ser oídos. En el año 2011 se suicidó otro joven más.

En el 2014 se dio el desembarco del SPB en lugar con motivo de la construcción de la Alcaidía Nº 56 para adultos en el mismo predio. Dos años después, la CPM se presentó ante la justicia y reclamó que se revierta el convenio de co-gestión del espacio entre el SPB y el organismo provincial de niñez y que los agentes penitenciarios dejen de intervenir con los jóvenes. Hasta la actualidad, esa presentación no tuvo respuesta judicial.

En 2017, luego de dos intentos de suicidio, la CPM presentó un habeas corpus para que se garantice la educación, recreación, salud, seguridad e higiene, y condiciones edilicias dignas. Todas las denuncias fueron admitidas por peritos y la justicia le exigió al OPNyA una serie de reformas estructurales: ampliación del equipo técnico, reducción del tiempo del encierro en celda, aumento de actividades, acceso a tratamientos psicológicos y de adicción, articulación con el CPA local, adquisición de un vehículo para traslados a turnos médicos y comparendos judiciales, reparación de artefactos sanitarios, reposición de vidrios en las ventanas, mejora de las tareas de mantenimiento general, entre otras. Cinco años después, nada de todo lo ordenado por el Juzgado de Garantías del Joven 1 de La Matanza fue cumplido.

Entre enero y febrero de 2018, 35 jóvenes llevaron a cabo 43 hechos de autolesiones como último recurso para ser escuchados. Ese mismo año, Federico Alejandro Zalazar fue asesinado por una pelea que pudo haber sido prevenida y contenida por personal del Centro. La CPM presentó una medida cautelar ante la CIDH en donde se acreditó que la falta de acciones tendientes a hacer cesar la tortura y a generar acciones que garanticen el respeto de los jóvenes detenidos siguen impactando en el derecho a la vida e integridad física de los mismos. Otra vez las advertencias fueron desoídas.

En noviembre del 2020, un joven fue golpeado por oficiales del SPB al ser llevado a enfermería; el 13 de enero del año pasado otro joven intentó suicidarse y luego fue obligado a permanecer “por su seguridad” en celdas que lindan con la enfermería, en condiciones inhumanas.

Las muertes de jóvenes y los reiterados intentos de suicidios se produjeron en un marco generalizado de inacción estatal frente a las solicitudes realizadas por los jóvenes, y en un marco de un gobierno o control penitenciario estructurado sobre la violencia y participación o complicidad de asistentes de minoridad, sospechados incluso de ingresar o dejar ingresar estupefacientes en el centro cerrado.

En ese contexto de graves violaciones derechos humanos, en una larga lista de antecedentes y fallos judiciales desoídos, tras la represión ocurrida semanas atrás y las inspecciones realizadas la CPM presentó un nuevo habeas corpus colectivo reclamando medidas urgentes y reformas estructurales. Entre ellas, la urgente revisión médica integral, la clausura de celdas y reformas edilicias en todo el complejo, el cese inmediato del aislamiento por tiempo prolongado, el resguardo de la integridad física de los jóvenes y la prohibición expresa de ser trasladados a unidades penales como supuesta medida de protección.

La Mesa federal de organizaciones de niñez y adolescencia también intervino solicitando informes a las autoridades y reclamando el cese de la violencia sobre les jóvenes, a partir de un video que mostraba la violenta represión.

Frente a la magnitud de los hechos, la CPM se reunió con la titular del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia y la Subsecretaria de responsabilidad penal juvenil, quienes informaron las medidas adoptadas para garantizar la asistencia de las víctimas y una serie de acciones y dispositivos tendientes a revertir esta situación. También anunciaron el inicio de un proceso tendiente a revertir la intervención del SPB en la seguridad interna del lugar, para que esta función sea nuevamente asumida por el Órgano. Por otro lado, informaron que está proyectado este año iniciar las obras tendientes a construir un nuevo centro que permitiría dejar el edificio actual y salir del predio lindante al SPB.