Durante los primeros meses del año, y frente a la crítica situación de sobrepoblación y hacinamiento carcelario, el Servicio Penitenciario Bonaerense reprimió violentamente los reclamos de los detenidos por las deplorables e inhumanas condiciones en que se encuentran. Para controlar estos niveles de sobrepoblación crítica se extienden los regímenes de aislamiento y restricción de derechos. El acceso a la salud es uno de los más vulnerados con récord de personas fallecidas por enfermedades curables. Frente a los reclamos, no hay escucha ni dialogo posible: la única respuesta son golpizas y balas de goma. En un mismo hecho, varios detenidos padecieron diferentes lesiones graves por los palazos recibidos: 4 de ellos con fractura de tibia. La Comisión Provincial por la Memoria, en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, intervino denunciando estos hechos y asistiendo a las víctimas.

ANDAR en las cárceles  

(Agencia Andar) Los agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense ingresaron con violencia al pabellón 2 de la Unidad 47 de San Martín. Destruyeron todo a su paso, las pocas pertenencias y la comida que tanto cuesta conseguir a las personas detenidas. Dispararon con gases y balas de goma, golpeando a todas las personas en el lugar.

Las imágenes que se difundieron muestran una veintena de jóvenes dispuestos en hilera boca abajo, con las manos precintadas detrás del cuerpo. Algunos tienen también atados los pies con camperas y buzos. Varios resultaron severamente golpeados y heridos.

Luego de la represión fueron encerrados en las celdas sin atención médica ni alimentos, en condiciones de hacinamiento y sin energía eléctrica. Los dejaron heridos y sin comer por 24 horas. Son 80 personas en nueve celdas con capacidad para cuatro cada una, o sea 80 donde el cupo penitenciario establece 36. Este cupo nunca respeta los estándares reconocidos por los organismos internacionales de derechos humanos.

En un video que también circuló se pueden ver a un agente disparando 11 veces en 50 segundos por el pasaplatos, a quemarropa, dentro de una celda para 4 personas pero que alojaba 13. Los protocolos de uso de las armas de fuego con posta de goma establecen que no puede dispararse a menos de 10 metros, pero lo hicieron a menos de 1 metro. También les cortaron el agua. Todos actos ilegales pero habituales en las prácticas penitenciarias cotidianas.

Ese día, como en la mayoría, no había personal médico en la unidad. Tampoco en el resto de las dependencias del complejo penitenciario.

Al menos 14 detenidos sufrieron heridas de consideración. Por su gravedad, cinco detenidos tuvieron que ser hospitalizados extramuros: cuatro de ellos con fractura de tibia producto de los palazos recibidos.

….

Otro hecho gravísimo ocurrió en el Sector de Aislamiento de Convivencia de la Unidad Penitenciaria 42 de Florencio Varela, que tiene celdas individuales pero adaptadas para el alojamiento de hasta dos personas. Sin embargo, hasta ocho personas permanecían alojadas allí días enteros. En la mayoría de las celdas la sobrepoblación superaba el 700 % en condiciones graves y riesgosas: cables pelados colgando, resistencias caseras, canillas perdiendo agua constantemente o no funcionando, letrinas tapadas y nula posibilidad de circulación o de movimiento, con turnos para dormir sobre mantas por la falta de colchones.

No se autorizaba a salir a darse una ducha o a un patio a ver el cielo, ni pensar en una actividad recreativa. Varios detenidos perdieron peso y tono muscular. Otros tienen sospecha de haber contraído tuberculosis, la tos es constante, pero por los pasillos de los pabellones de aislamiento nunca camina un médico. Tampoco los llevan a sanidad. La comida que llega es poca y está en mal estado.

Cuando reclamaron por estas condiciones las respuestas -como en la cárcel de San Martín-, fueron golpes y balas de goma.

….

Estas son apenas algunas de las situaciones ocurridas y que se suman a otras acontecidas en estos meses del año. La Comisión Provincial por la Memoria intervino en todos esos casos, en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, realizando inspecciones y entrevistándose con las personas detenidas. También se hicieron distintas presentaciones y denuncias frente a la Justicia con diversos resultados.

Además del uso desmedido e injustificado de la violencia penitenciaria uno de los ejes de los reclamos y conflictos es la falta de acceso o la absoluta desatención de la salud, incluso en estos casos donde las personas quedan gravemente heridas producto de la represión. Muchas veces es la desesperación por la falta de asistencia la que inicia los reclamos. Un dato objetivo da cuenta de la crisis de la salud penitenciaria: en el año 2021, 199 personas murieron en cárceles provinciales, 21 más que en 2020. Casi el 80 % fue por enfermedades no asistidas o prevenibles como tuberculosis, VIH o neumonías.

La sobrepoblación y el hacinamiento, el aislamiento, las condiciones inhumanas y críticas de detención, la nula atención de la salud constituyen situaciones extremas que motivan reclamos que nunca son escuchados, aunque sí son la excusa para el inicio de represiones violentas y golpizas. La tortura sistemática es utilizada para el gobierno de la cárcel, que ha dejado de ser un ámbito de resocialización y reeducación para constituirse en depósitos de personas pobres sin derecho alguno.

La CPM ha pedido reiteradamente el pase de la Dirección de salud penitenciaria a la órbita del Ministerio de Salud de la Provincia para integrarse a las políticas de salud de la provincia de Buenos Aires.  También viene requiriendo políticas de prevención y sanción de la tortura, así como también de asistencia a las víctimas de estas prácticas, sin que el gobierno provincial adopte iniciativas tendientes a cumplir con estas obligaciones.