Con un relato contundente, Nora Sammarone abrió la ronda de declaraciones testimoniales durante la novena jornada en el juzgamiento de los crímenes cometidos en la región centro de la provincia de Buenos Aires. Su historia compone, junto a las de Adolfo Romero, Elba Perrone, Cristina y Juan José Preckel, el caso 12 en la causa La Huerta en el expediente elevado a juicio por el Ministerio Fiscal.

ANDAR en Tandil 

(Soledad Restivo/ Agencia Comunica /Unicen) La jornada del 10 de junio fue corta y comenzó con retraso, estuvo presidida por el juez Nicolás Toselli. La mayoría de las partes estuvieron presentes de manera remota. Fue retrasmitida en el aula magna de la UniCen en donde participaron estudiantes de 3er año de secundaria junto a su profesora de historia. Minutos antes de las 14 hs, el Tribunal Oral Criminal 1 de Mar del Plata pasó a cuarto intermedio hasta el próximo 24 de junio a las 9 hs.

Nora fue secuestrada, junto a Elba Perrone, el 7 de julio de 1976 en Mar del Plata. Tal y como ella lo expresó, pasó por todos los estadios: fue secuestrada, desaparecida, torturada, encarcelada, trasladada, estuvo bajo libertad vigilada y exiliada. Ambas estuvieron, en calidad de detenidas desaparecidas, en el destacamento de Villa Italia. Desde allí eran trasladadas durante la madrugada, presumiblemente al CCD La Huerta, para ser interrogadas bajo torturas.

Elba y Nora fueron llevadas a la comisaría 2° de Tandil donde se encontraron con el resto del grupo. Fueron encarceladas en el penal de mujeres en Azul. Tras varios meses las trasladaron “como ganado, a golpes, atados y de pie todo el viaje en avión” a la cárcel de Devoto.

En 1977, Sammarone fue liberada bajo la modalidad de libertad vigilada: debió reportarse cada 48/72 hs durante más de un año. A pesar de los padecimientos intentó recomponer su vida, estudiar y trabajar. Sin embargo, fue amenazada de muerte: “cualquier día te podemos matar”; por eso decidió exiliarse. Vivió 35 años en España y regresó recientemente al país. Durante su exilio denunció su calvario ante la ONU, la Cruz Roja y otros organismos internacionales.

Durante su declaración agregó algunos detalles acerca de lo ocurrido con sus compañeros, especialmente sobre Adolfo Romero, ya fallecido. “Nos masacraron, nos hacían simulacros de violaciones y fusilamientos a diario”, agregó que “estaban desaparecidos” y eso “fue una tortura para las familias de todos”.

Por el caso de Adolfo declararon sus hermanos María Cristina Fernández y Miguel Ángel Romero. Ambos señalaron los padecimientos de su familia luego del secuestro a Adolfo. Mientras su hermano permaneció desaparecido, las fuerzas militares y de la policía realizaron allanamientos en el negocio familiar, “rompían las bolsas de harina, azúcar, todo”, se fundieron y tuvieron que cerrar. La declaración de Miguel reafirma los dichos de Juan José Preckel.

Miguel aseguró que “mientras lo picaneaban tomaban mate con facturas o miraban futbol”, recuperó la libertad un 20 de diciembre de 1977. “fue un regalo de Navidad” dijo. Quedó afectado de forma física y psicológica, no pudo volver a trabajar en oficina y se dedicó a la pintura de casaS hasta su fallecimiento. Aseguró que se sentó a declarar por la memoria de su hermano porque “él sufrió demasiado”.

El juicio se desarrolla a kilómetros de los sitios en que fueron cometidos estos crímenes. Recordemos que las audiencias se realizan cada 15 días los viernes en Mar del Plata y están previstas más de 250 declaraciones testimoniales. En ese sentido cabe destacar que la Cámara Federal de Casación Penal dictó, en febrero de este año, una acordada que reactualiza una guía que se había firmado en 2012. Esta subraya la necesidad de darles celeridad y que se debe garantizar la publicidad a estos procesos. Sin embargo, a diferencia de otros procesos judiciales por delitos de lesa humanidad en curso, éste continúa sin emitirse por canales virtuales. Esta acción podría favorecer el alcance y cumplimiento efectivo de su carácter “público”, además de garantizar el derecho a la verdad y como forma de reparación. En el mismo sentido se desarrollan pocas y breves audiencias al mes, situación que extenderá este juicio por más de dos años.

Los acusados gozan de prisión domiciliaria en su mayoría, también tienen el privilegio de no asistir/no escuchar los horrores descriptos en las testimoniales. Gracias al estado democrático, poseen todas las garantías procesales que les fueron negadas a las víctimas durante el terrorismo de Estado. El abogado defensor Mercado da la nota cada tanto y pregunta por exactitudes temporales cuando han trascurrido 46 años de ocurridos los hechos Es el único defensor que pregunta a las víctimas. Recordemos que Pedro Mercado, integró el ejército de carapintadas y estuvo detenido hasta el 2003, allí se recibió de abogado. En 2014, junto a Claudio Castaño, fue defensor del ex teniente Horacio Leites durante el juicio Monte Peloni I.

Desde la reactivación de los juicios en 2006, en la Argentina hay 1.058 condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar-eclesial-empresarial. De esas personas condenadas, hay 764 presas, el resto goza de prisión domiciliaria esta semana se conoció la medida adoptada por la Sala II de Casación integrada por los Jueces Carlos Mahiques, Guillermo Yacobucci y Angela Ledesma, quienes concedieron al menos tres prisiones domiciliarias a represores condenados. Uno de los beneficiados es el exdirector de Investigaciones de la Policía Bonaerense Miguel Etchecolatz, quien se halla condenado a perpetua en varias causas. Esta medida alzó fuertes rechazos y repudios de los organismos de DDHH que lo consideraron “aplicación encubierta del 2×1 por parte de este tribunal, reflejada por la concesión indiscriminada de prisiones domiciliarias en beneficio de los mayores criminales de la historia de nuestro país”.