En la comunidad terapéutica Resiliencia de San Fernando, lugar no habilitado por las autoridades sanitarias, cuatro personas murieron en un incendio a principios de este año. Los jóvenes estaban encerrados, sobremedicados, hacinados, sin ningún sistema de asistencia a la salud o de emergencias ni plan de contingencia alguno. Los directores de la comunidad, la administradora, la psicóloga y el psiquiatra están detenidos e imputados por homicidio simple, reducción a la servidumbre, estafas reiteradas y asociación ilícita. Ahora el fiscal Germán Camafreitas solicitó al Juzgado de Garantías N° 6 de Pilar la elevación a juicio. La CPM, en calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, interviene como particular damnificado institucional.

ANDAR en Pilar

(Agencia Andar) Nicolás Ezequiel Bisbal, José Nahuel Castaño, Rodrigo Ariel Moreno y Nicolás Claudio Ortiz murieron el último 22 de febrero en un incendio en el autodenominado centro terapéutico Resiliencia San Fernando. Estaban internados para tratar sus adicciones pero el lugar carecía de condiciones mínimas para ese tipo de abordaje: el establecimiento no estaba habilitado y las personas allí alojadas estaban sometidas a aislamiento extremo, castigos y sobremedicación. El tratamiento de salud mental no existía. Estaban encerrados en un lugar sin ningún plan de contingencia en casos de emergencia, con colchones que no eran ignífugos y ventanas con rejas que impidieron las tareas de rescate que intentaron los propios usuarios.

Tras la instrucción, el fiscal Germán Camafreitas imputó a los directores Alan Emanuel Cambra Sarife y Alejandro Merenzon, a la vicedirectora Eliana Marilin Wawrik y a la administradora Alejandra Gisele Machado por los delitos de homicidio simple, reducción a la servidumbre, estafas reiteradas (en 13 hechos) y asociación ilícita; y a Andrés Fabián Samsolo, en su calidad de psiquiatra y Alejandra Flavia General, psicóloga, como coautores de esos delitos. Habiendo pedido ya las detenciones, ahora solicita la elevación a juicio al juez Nicolás Ceballos, a cargo del Juzgado de Garantías N° 6 de Pilar.

En el requerimiento señala que los responsables de la Comunidad no cumplieron con los recaudos mínimos de seguridad e higiene previstos para una organización de tal envergadura, y describe cómo redujeron a la condición de servidumbre a las personas allí alojadas, manteniéndolos medicados y encerrados bajo su dominio y voluntad, “reduciendo de esta manera a las víctimas a condición de cosa”.

Camafreitas enumera además 13 casos en que los acusados recibieron importantes sumas de dinero de las familias que dejaban internados a sus seres queridos para el tratamiento de adicciones, ocultando que carecían de habilitación y de las condiciones mínimas para tal fin. “Todos ellos, en calidad de componentes o miembros, conformaron una asociación destinada a cometer delitos con la modalidad de defraudación simulando dirigir una comunidad terapéutica sin fines de lucro y aprovechándose de la extrema situación de vulnerabilidad de las víctimas”, señala en el escrito.

Las víctimas permanecían encerradas la jornada completa, la alimentación era poco nutritiva, las medicaban con psicotrópicos durante todo el día, sin distinción alguna. Además no se les permitía entablar comunicaciones libres con sus familiares, ya que eran monitoreados por alguien de la comunidad mientras hablaban. Si alguien objetaba o planteaba una consideración negativa sobre su internación era castigado cortando el contacto con la familia; la justificación hacia afuera era que se hacía para evitar la “manipulación” de los usuarios hacia su entorno.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) interviene en la causa como particular damnificado institucional. Desde un primer momento se entrevistó con los sobrevivientes, solicitó medidas a la justicia y a las dependencias administrativas correspondientes, y subrayó las responsabilidades judiciales frente a las reiteradas denuncias sin tramitación y a órdenes que disponen alojar personas en lugares inhabilitados, así como también la falta de controles estatales sobre estos dispositivos de salud mental que siguen funcionando al margen de la ley.