Mientras intentan revertir la decisión judicial por la que se trasladó a cuatro mujeres detenidas en Villa Mascardi a la cárcel de Ezeiza, el clima en Río Negro se sigue tensando. Organismos de derechos humanos exigen la excarcelación de quienes fueron detenidas tras el violento desalojo. “Ni siquiera se sabe por qué están imputadas, a esta altura la detención es ilegal”, asegura Ezequiel Palavecino, el abogado de la APDH que está interviniendo tras el arresto.

ANDAR en Bariloche

(Agencia Andar) El conflicto con comunidades indígenas frente a su reclamo por tierras ancestrales es de larga data y se ramifica en causas judiciales, episodios de violencia, manifestaciones y reclamos y espacios de diálogo interrumpidos. En los últimos días se centró en la zona de Villa Mascardi en Río Negro a partir de que cuatro fuerzas federales allanaron y desalojaron a la comunidad Lafken Winkul Mapu de las tierras que reivindican ancestrales.

Como consecuencia de esa intervención donde se utilizaron gases lacrimógenos y balas de goma contra mujeres, niñas y niños, se llevaron detenidas a siete integrantes de la comunidad con sus criaturas. En el grupo hay una embarazada de 40 semanas y bebés de meses. Las alojaron en principio en la sede de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y luego cuatro de ellas fueron trasladadas a Ezeiza, en una decisión que constituye una violación a sus derechos humanos ya que implica un traslado a más de 1.500 km de su lugar de residencia y referencia.

“Nosotros tomamos intervención el 4 a la mañana cuando se inició el operativo y se empezaron a comunicar pidiendo ayuda. Nos contactaron después de que habíamos sacado un comunicado sobre que no nos parecía adecuado el desembarco territorial de un comando unificado de fuerzas represivas y la militarización que se observaba”, explica Ezequiel Palavecino, el abogado de la APDH que sigue la causa.

“Insistimos en que la forma de dirimir los conflictos debe ser a través de una mesa de diálogo entre las partes y no con el recrudecimiento de políticas represivas”, afirmaron desde el organismo en un segundo comunicado conjunto con otros espacios de derechos humanos. Los organismos aseguraron que el desalojo se justificó “en una orden de allanamiento genérica dictada por la justicia federal de Bariloche, que no contempló los intereses y derechos en juego de las comunidades mapuches”.

“Cuando llegamos al lugar no nos dejaron ingresar, después nos dijeron que era por orden de la jueza. Salimos del anillo de retención con el primer convoy de las detenidas donde también había niños y niñas, la primera intervención fue ver como estaban, las condiciones de detención en la que iban a quedar, ellas me designaron a viva voz porque que fue la única forma que lo podían hacer”, relata el abogado.

Pero jueza federal a cargo de la causa, Silvina Domínguez, rechazó el pedido de excarcelación con el argumento de que no están designados en la causa. “No se podía de otra forma porque estaban incomunicadas”, explica Palavecino y agrega que está preocupado por la forma en que está actuando la justicia: “no me dejaron comunicarme con ninguna de las detenidas, las trasladaron sin notificarme, no tenemos claridad de dónde están y al penal de Ezeiza aparentemente todavía no llegaron. Las están trasladando de nuevo no sabemos a dónde. No sabemos por qué están detenidas porque aún no hay imputación. Presentamos nuevamente las excarcelaciones denunciando la detención que es ilegal. Esto no se parece en nada a un proceso judicial legal. Deberían estar imputadas o libres a esta altura. Las dejaron en estado de indefensión total”.

Mientras tanto esta mañana en conferencia de prensa del Parlamento Mapuche afirmaron que están esperando que se abran espacios de diálogo y pidieron acompañamiento a sus movilizaciones, que se respeten los derechos de los niños originarios, y que se respete también a sus autoridades. “Nos causa mucha dolor la impunidad. La bandera de los derechos humanos le queda grande al Estado argentino por lo que pasa con el pueblo Mapuche no sólo acá en Mascardi sino en todo el territorio, y con el pueblo Qom y el pueblo Wichi. La violencia en este territorio siempre la ha impuesto el estado”. Y agregaron:  “Queremos encontrar la templanza para encontrar el camino del diálogo. Pero el diálogo en igualdad de condiciones, no el diálogo de la imposición ni el del menosprecio. Porque somos un pueblo digno de vivir en este territorio”.