Los ex integrantes del Batallón 601 fueron hallados responsables de delitos de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia, imposición de tormentos en perjuicio de perseguidos políticos, y homicidio doblemente agravado en perjuicio de cuatro víctimas que estuvieron cautivas, entre 1976 y 1977, en el centro clandestino El Campito, donde fueron sometidas a torturas y finalmente subidas a aeronaves y arrojadas al mar o al Río de la Plata. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el 12 de septiembre.

ANDAR en San Martín 

(fiscales.gob) El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San Martín condenó al ex jefe de Institutos Militares de Campo de Mayo, Santiago Omar Riveros; al ex comandante del batallón Luis del Valle Arce; su segundo, Delsis Ángel Malacalza, y al ex oficial de operaciones de esa dependencia, Eduardo María Lance, a penas de prisión perpetua por perpetrar los “vuelos de la muerte” que partían desde Campo de Mayo. En sintonía con lo requerido por la fiscalía, se solicitó la producción de informes actualizados para conocer en detalle si el estado de salud de los condenados es compatible con el cumplimiento de su pena en unidades del Servicio Penitenciario Federal.

Los jueces Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Matías Mancini consideraron responsables a los cuatro integrantes del Batallón 601 de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas, imposición de tormentos agravada por haber sido cometida en perjuicio de perseguidos políticos en forma reiterada, homicidio doblemente agravado por su comisión con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas, en perjuicio de Rosa Eugenia Novillo Corvalán, Roberto Ramón Arancibia, Adrián Enrique Accrescimbeni y Juan Carlos Rosace. Las cuatro víctimas fueron secuestradas entre 1976 y 1977, trasladadas al centro clandestino de detención El Campito ubicado en Campo de Mayo, donde les aplicaron tormentos, para luego subirlas a aeronaves y arrojadas al mar o al Río de la Plata.

Las víctimas eran personas ligadas a la militancia política y fueron atormentadas en virtud de esos vínculos. Tras ello, fueron subidas a aviones que operaban en el Batallón de Aviación de Ejército 601, y arrojadas en vuelo a las aguas del mar o el Río de la Plata. Los cuerpos fueron hallados en las costas del mar argentino, y en todos ellos se detectaron rastros compatibles con heridas violentas previas a su muerte.