La violencia fue la respuesta ante el reclamo de las presas contagiadas de COVID en la Unidad Penal de Bouwer en Córdoba. Las detenidas habían sido aisladas en un lugar reducido y sin ventilación ni acceso a agua potable fresca, comida o medicación básica. Hubo protestas y el servicio penitenciario responde con traslados y tratos crueles.

ANDAR en las cárceles

(Agencia Andar) En las cárceles ya antes de la pandemia no había respuesta para la salud de las personas que requerían alguna atención médica. La situación no cambió y en Córdoba ante el último rebrote la única respuesta está siendo la violencia.

El 8 de enero varias mujeres detenidas en la cárcel de Bouwer dieron positivas para Covid. Para aislarlas las enviaron a un pabellón de dimensiones muy reducidas, sin ventilación ni condiciones mínimas y sin seguimiento médico. Cuando empezaron a pedir por cuestiones básicas como agua fresca porque no contaban con heladera, comida o ibuprofeno para bajar la fiebre no tuvieron ninguna respuesta. Llegaron a ser una veintena en ese ambiente donde ni siquiera alcanzaban las camas. Así pasaron más de 24 horas y el 9 al mediodía recurrieron a un método de protesta desesperado: incendiaron un colchón.

En el penal faltaban matafuegos y mangueras, tardaron en sacarlas y el saldo fue una mujer internada en el Instituto del Quemado en grave estado y varias heridas. “Después de eso a algunas mujeres las llevaron a las camas de sujeción, una metodología de tortura que todavía existe en las cárceles de Córdoba, a otras las trasladaron a otras cárceles como Villa María y queda la chica internada que no sabemos muy bien en qué situación está porque ni a la familia la informan”, cuenta Adriana Revol una militante anti carcelaria que hace un seguimiento constante de la situación carcelaria de Córdoba, que -asegura- es una de las provincias con mayor represión dentro y fuera de las cárceles.

Revol indica que aunque el gobierno de la provincia invirtió millones en unas carpas que montaron en las afueras de los pabellones de algunas unidades penales la situación respecto a la salud en cárceles no varió. “Las personas no pudieron ir porque no había personal ni de seguridad ni de salud para atenderlas y quedaban en los pabellones. En Rio Cuarto, por ejemplo, en un pabellón de 85 personas donde se infectaron más de 60, la política de salud fue colocar nylon en las rejas de los pabellones como si eso fuera a dar alguna respuesta. Lo más cruel fue que si pedían un paracetamol no se los daban, eran las familias quienes acercaban medicación. Ante el reclamo o protesta de los detenidos el servicio penitenciario respondía con traslados de castigo a la cárcel de Cruz del Eje que yo la llamo la cárcel de los olvidados porque nada de lo que sucede ahí se ve. El resultado fueron varias muertes que por supuesto que trataron de tapar porque sólo se reconocen cuatro muertes por COVID desde el gobierno de la provincia”, describe la activista.

La escena se repite en este rebrote: pabellones enteros de personas infectadas sin ningún tipo de tratamiento ni respuesta. “A esto hay que sumarle el hacinamiento de las cárceles de Córdoba que es una provincia con uno de los índices más altos de población encarcelada. En Río Cuarto hay pabellones de hasta 130 personas hacinadas. La situación es sumamente grave. Ahora estamos reclamando para que tengan agua porque todos los veranos en algunas cárceles como Bouwer y Cruz del Eje es clavado que falta el agua. Con este calor terrible que está haciendo les cortan el agua al mediodía y recién vuelven a tener a la noche”, señala Revol.