La Comisión Provincial por la Memoria solicita al Honorable Concejo Deliberante de Chacabuco la expulsión de ese cuerpo de la concejala Silvia Gorosito y la denuncia penalmente por apología del delito.

ANDAR en Chacabuco

(CPM) La Comisión Provincial por la Memoria expresa su profundo repudio ante la publicación que hiciera la concejala Silvia Gorosito de Chacabuco, integrante del bloque Juntos por el Cambio, en su perfil de Facebook, con motivo de la conmemoración del golpe de estado ocurrido el 24 de marzo de 1976. Con la leyenda “Feliz día del montonero”, publicó la foto que alude a los vuelos de la muerte de manera celebratoria, viéndose un avión y dos cuerpos cayendo al vacío.

El nivel de brutalidad, indolencia, odio y violencia de la imagen usada con sarcasmo supera lo tolerable, no sólo porque reivindica la metodología usada por los genocidas en su plan de exterminio sino por la herida que reabre en las víctimas sobrevivientes, familiares y en todos aquellos que tenemos plena conciencia de los hechos oprobiosos que han enlutado la conciencia de la humanidad toda.

Una representante del pueblo tiene deberes que cumplir, habilidad moral que practicar y demostrar, ha jurado por la Constitución y debe enmarcar sus dichos y su conducta en el ejercicio de su función pública de acuerdo a los valores democráticos que allí se establecen y las leyes que norman nuestros actos.

Vale señalar que en su pretendido pedido de disculpas posterior, la concejala justifica su posteo en defensa de una supuesta “memoria completa”. Cabe preguntarse ¿a qué se refiere? Los únicos que no han contado y ofrecido información de los crímenes que cometieron han sido los genocidas. Han ocultado, negado y mentido, sosteniendo aún hoy un pacto de silencio sobre el destino final de los desaparecidos y los niños apropiados. La concejala los festeja y reivindica publicando sus métodos aberrantes, haciendo claramente apología del delito, apología en este caso de crímenes de lesa humanidad. Un paso más hacia lo intolerable.

¿Qué hacer frente a hechos como este? Siendo una funcionaria pública debe ser desplazada de su función por el cuerpo de concejales, por no cumplir con el código de ética pública, y debe ser juzgada por apología del delito.

Celebramos que todos los bloques del Concejo Deliberante de Chacabuco, incluso el suyo, hayan repudiado sus dichos y que su partido -la Coalición Cívica- no se sienta representado en ellos. Pero es preciso dar un paso más y demostrar que hay límites que no pueden franquearse en la vida democrática.

Al mismo tiempo, hay que generar un profundo debate en la sociedad para que hechos como este sean intolerables a la sensibilidad de todos y que despierten el repudio generalizado para quienes los hagan. Seguiremos trabajando para ello, como lo han hecho amplios sectores del pueblo argentino, tanto en los duros tiempos de la dictadura, como en todos estos años de democracia, entre ellos, sin dudas, los organismos de derechos humanos.

Los derechos humanos son indisolubles de la democracia. No hay derechos humanos sin democracia y no hay democracia sin derechos humanos.

Las víctimas de la dictadura fueron personas de nuestro pueblo negadas por la dictadura militar como sujetos de derecho, que padecieron la desaparición forzada, torturas, secuestro, detenciones ilegales, exilio, insilio, despidos arbitrarios. Su reivindicación como tales debe ser sostenida por todas las fuerzas políticas democráticas, sin distinción alguna, para consolidar la democracia y desalentar los autoritarismos. No hay justificación posible de la violencia genocida.

El estado tiene obligación de investigar y sancionar los crímenes de lesa humanidad y por eso cuando un funcionario público incurre en una actitud negacionista o hace apología del delito compromete la responsabilidad del propio estado, razón por la cual la concejala Silvia Gorosito debe ser expulsada del Honorable Concejo Deliberante, juzgada y condenada por este delito. Y desde las distintas instancias de gobierno deben profundizarse los trabajos y debates por más memoria, verdad y justicia. A 40 años de democracia, es más imprescindible que nunca