El Juzgado Federal N° 2 de Mar del Plata hizo lugar a la medida cautelar solicitada por organizaciones ambientalistas y ordenó a la petrolera Equinor suspender las tareas de exploración sísmica en el Mar Argentino. En los fundamentos de la resolución, el juez Santiago Martín destacó el cumplimiento defectuoso de los estándares de información y participación de la ciudadanía y las falencias del estudio de impacto ambiental. Ahora, la justicia tendrá que expedirse sobre la cuestión de fondo: la inconstitucionalidad de la resolución que autorizó la explotación petrolera offshore en tres zonas frente a la costa bonaerense.

ANDAR en Mar del Plata

(Agencia Andar) La resolución del 31 de diciembre que autorizó la explotación petrolera en tres zonas del Mar Argentino, a más de 300 kilómetros de las costas bonaerenses, por parte de la empresa Equinor (en sociedad con YPF y Shell), despertó la reacción inmediata de organizaciones ambientales y vecinos y vecinas de las comunidades costeras. Durante todo el mes de enero, en distintos puntos de la provincia, se replicaron las manifestaciones sociales contra esa decisión.

La reacción rápidamente encontró su vía judicial para dar marcha atrás con el proyecto: ante el Juzgado Federal N° 2 de Mar del Plata fueron presentadas cuatro demandas por parte de una organización de ambientalistas, Greenpeace, la Municipalidad de General Pueyrredón y un ciudadano que se presentó a título personal.

La demanda colectiva reclama que de se declare la nulidad e inconstitucionalidad de la resolución de diciembre y que, mientras tanto, se dicte una medida cautelar que suspenda las obras para la explotación petrolera offshore.

Esta mañana, el juez federal Santiago Martín le dio la razón al reclamo ambientalista y dispuso la suspensión inmediata del proyecto de explotación petrolera y comunicó a la firma Equinor que se abstenga de iniciar las tareas de exploración sísmica hasta tanto se dicte sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo.

El juez Martín fundó su resolución en tres puntos centrales: el cumplimiento defectuoso de los estándares sobre información y participación que se desprenden de la legislación vigente en asuntos ambientales; las falencias del Estudio de Impacto Ambiental derivadas de la insuficiente proyección sobre los impactos acumulativos de las exploraciones a realizarse sobre el Mar Argentino; y, a instancia de la presentación del Municipio de General Pueyrredón, la falta de una instancia de consulta en el proceso de toma de decisión.

En particular, el titular del Juzgado Federal N° 2 de Mar del Plata, remarcó que la empresa Equinor no ofrece certezas de que no se producirán las superposiciones temporales o territoriales en las tareas de prospección ni tampoco “habría una explicación suficiente que indique los motivos por los cuales la acumulación escalonada (no simultánea) de los impactos ambientales, no podrían combinarse ‘de forma agregada, incremental y/o sinérgica’ de modo de producir un impacto acumulativo al medio ambiente”.

En otro punto de la resolución, el juez federal también se hizo eco de las presentaciones ambientalistas sobre el peligro que la exploración sísmica podría acarrea para la biodiversidad del Mar Argentino, en tanto que las utilización de disparos submarinos con cañones de aire –que crean sonidos muy potentes y en un espacio territorial de miles de km2– expone a la fauna marina a situaciones de desorientación, cambios en su comportamiento, estrés, reducción de la viabilidad de los huevos, discapacidad auditiva, lesiones masivas y hasta la muerte por ahogamiento o varamientos.

Ahora, la justicia deberá pronunciarse sobre la cuestión de fondo, es decir, la nulidad e inconstitucionalidad de la resolución. En la demanda colectiva, las organizaciones ambientalistas denuncian que la ampliación de la frontera hidrobarburífera sobre el Mar Argentino contradice y viola la legislación nacional e internacional y acuerdos climáticos que el país firmó para reducir los gases de efecto invernadero en el marco de la crisis climática.