ANDAR en la Justicia

(Agencia) En la búsqueda de sentencias ajustadas al marco vigente de los derechos humanos y con el objeto de erradicar las prácticas violentas ejercidas desde las fuerzas del Estado provincial, el equipo de abogados de la CPM que patrocina a las familias de las víctimas reiteró en su alegato la inexistencia de atenuantes para los policías que están siendo juzgados, como el pretendido exceso en el ejercicio de funciones o la legítima defensa invocados por las defensas. Describió la clara presencia de agravantes que ya habían sido anunciados desde el comienzo del juicio: la condición de funcionarios públicos de los imputados y la circunstancia de que las víctimas fueran niños al momento de los hechos (13 años tenía Franco Giménez y 14 Matías Banuera).

En este sentido, el organismo confirmó la calificación legal y solicitó el máximo legal de la escala penal: la pena de prisión perpetua, para el policía Cristian Alejos por ser miembro de una fuerza de seguridad y resultar responsable material del homicidio agravado de Matías Banuera y la tentativa de homicidio agravado respecto de Franco. Tanto la calificación como el monto de pena para Alejos coincidieron con lo solicitado por la fiscalía de juicio.

Para los otros dos policías, Maximiliano Aguirre y Lucas Bullosa, la CPM pidió la pena de 6 años de prisión, el doble del monto máximo para el delito de encubrimiento. Esto es así en virtud del carácter de funcionarios públicos de los imputados. Aquí la fiscalía tuvo otra petición: 3 años de prisión, en vez de 6.

“Solo pedimos, junto a José y Blanca (los padres de Matías Banuera) que extrañan a su niño, justicia por Matías, justicia por Franco y por todos los pibes y pibas víctimas del gatillo fácil en nuestro país”, cerraron su alegato las y los abogadas de la CPM.

En su presentación también aportaron datos y estadísticas producidas por el propio organismo en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la Provincia: en 2017 hubo 109 casos de uso letal de la fuerza en territorio bonaerense, con el 10 por ciento ocurrido en el distrito de Quilmes, y entre las víctimas el propio Matías Banuera. En 2021 se registraron 120 personas asesinadas por la policía, siendo el 66 por ciento de las víctimas personas menores de 30 años. Esto es, casi el 50 por ciento del total.

“Asimismo, 59 de los 120 casos de 2021 fueron en el contexto de una tentativa o robo de bienes personales del personal policial. Estos datos muestran la necesidad de derogar el estado policial porque no impacta en la prevención del delito pero sí en la letalidad de las acciones policiales”, explicaron las y los abogados.

“Estas violaciones estructurales de derechos humanos, sustentadas en la práctica sistemática de la tortura, no son una novedad: son la continuidad de las políticas punitivistas o de la mano dura que se implementan en el territorio provincial desde hace muchos años”, detallaron respecto a las prácticas utilizadas como técnicas de disciplinamiento y sometimiento de los grupos señalados como peligrosos que forman parte de los sectores populares.

Las defensas de los imputados volvieron a esgrimir, como en la mayoría de los casos de integrantes de fuerzas de seguridad que son juzgados por uso letal de la fuerza o por violencia institucional, el pedido de atenuante por la presunta legítima defensa que tanto Alejos como Bullosa y Aguirre habrían querido ejercer frente a los niños Banuera y Giménez. El pedido se enfrenta a todo el cúmulo de pruebas –testimonios de vecinos que sólo oyeron disparos desde la posición de los policías, pericias forenses sobre el impacto de la bala sobre nuca de Banuera, y la inexistencia de armas en manos de las víctimas, entre otras- que niegan la eventual legítima defensa así como el supuesto exceso en el ejercicio de sus funciones.

Resuelta la instancia de alegatos, la próxima y última jornada del juicio será el 12 de septiembre cuando el Tribunal Oral en lo Criminal 2 de Quilmes dé a conocer el veredicto.