La Comisión Provincial por la Memoria presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el organismo analice el encubrimiento judicial y la trama alrededor de la investigación del caso que en siete años no logró ningún avance ni respuesta para la familia. La joven fue asesinada en 2015 y la investigación siempre estuvo obstaculizada por diversos funcionarios estatales.

ANDAR en la justicia

(Agencia) La última vez que vieron con vida a Katherine Moscoso, de 18 años, eran alrededor de las 6:20 de una mañana de mayo de 2015 y salía de la discoteca Arenas, en Monte Hermoso, la ciudad donde vivía.  Tres días después fue hallada sin vida, enterrada, con claros signos de violencia física, asesinada por la asfixia producto del sepultamiento.

Luego de 7 años, la investigación ha sido deficiente, lenta y plagada de irregularidades. Desde la Comisión Provincial por la Memoria acompañan a la familia de Katherine en su pedido de justicia, y hacen hincapié en el incumplimiento estatal en garantizar una investigación completa, diligente y eficaz. En este marco es que piden la intervención de la CIDH para que ordene el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derecho a la verdad y el acceso a la justicia.

Desde un primer momento la investigación se vio entorpecida por distintos agentes del Estado: policías, bomberos, y funcionarios judiciales que, con el amparo e indiferencia de personas allegadas a la política local y a actividades ilegales (como la comercialización de estupefacientes), han contribuido a desviar su curso buscando impunidad: Se siguieron pistas inverosímiles, en incendios intencionales se perdieron pruebas de ADN y registros de video, amenazaron a testigos claves, el cadáver apareció en un lugar que  había sido relevado previamente sin resultados, y se difundieron detalles sin pruebas para generar confusión. Muchas de estas prácticas suelen ser moneda corriente en este tipo de causas cuando lo que se busca es proteger a los responsables.

En todo momento se tuvo como fuerza auxiliar de la justicia a la policía de la Provincia de Buenos Aires, a pesar de que había agentes sospechados de, al menos, encubrir  e intentar desviar la investigación. En el legajo consta que estos policías fueron investigados e incluso se intervinieron sus comunicaciones telefónicas pero en ningún momento se los apartó de sus funciones.

Estas irregularidades tampoco se tomaron en cuenta desde las autoridades judiciales, a pesar de que la causa pasó por manos de varios fiscales, tanto en la UFI Nº 10 de Bahía Blanca, interviniente en los primeros días de la investigación; como en la UFI Nº 5 de Bahía Blanca, que le siguió. Luego de recusaciones y excusas actualmente la fiscalía actuante es la 3 de Tandil

Así, durante los años posteriores a la muerte de Katherine, la causa fue avanzando sólo ante la iniciativa de la familia y allegados a la víctima, pese a que no lograban obtener el acceso a la totalidad de la investigación ni siquiera a través de su abogado Leandro Aparicio. Esto se logró tras la intervención de CPM que pudo tramitar la asignación de una fiscalía de otro departamento Judicial.

En abril de 2020 la familia de la victima denunció ante el Procurador General de la Provincia de Buenos Aires a 21 personas, entre ellos dos fiscales, ex Instructores judiciales, comisarios, policías, bomberos, ex funcionarios y empleados municipales por la probable comisión de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado. Creen incluso que se podría pensar en una asociación Ilícita formada para ocultar pruebas, desviar la investigación, encubrir y proteger a los verdaderos culpables del homicidio de Katherine. Estas denuncias fueron recibidas radicadas en el departamento judicial de Azul, en la Unidad Funcional de Investigaciones Especiales y Violencia Institucional.

La semana pasada, Ezequiel Moscoso, tío de la víctima y quien junto a su abuela han sostenido vivo el reclamo de justicia, concurrió acompañado por la directora del programa de Litigio Estratégico de la CPM a una reunión con asesores de la Presidencia de la Nación a presentar el caso y enfatizar la necesidad de una investigación judicial transparente y efectiva.