Este martes 28 de marzo, comienza a sesionar el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires para llevar a cabo el juicio político contra el fiscal de San Isidro Claudio Scapolan que resolverá la destitución o la continuidad del funcionario. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que interviene como querellante institucional en la causa penal que lo investiga por liderar una empresa criminal para el armado de causas, la extorsión y la comercialización de estupefacientes, acompañará el desarrollo del jury.

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En aquella oportunidad la CPM, que interviene en la causa penal como querellante institucional en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, calificó el beneficio para Scapolan como un grave retroceso que consagra la impunidad de los crímenes cometidos desde los estamentos del estado y desconoce las pautas investigativas básicas en casos de vulneración de derechos humanos. “Se trata de un fallo injustificado que desconoce la magnitud y la calidad de la prueba recabada y la avanzada instancia a la que llegó el juicio político que podría terminar con la destitución del fiscal”, enfatizó la CPM.

Varios meses antes, en diciembre de 2021, se había producido otro grave retroceso en la investigación: la misma Cámara había apartado a la jueza federal Sandra Arroyo Salgado de la instrucción de la causa, dando lugar al pedido de recusación formulado por uno de los imputados.

En este contexto se desarrollará el juicio político. Por un lado, la pretensión de Scapolan de frenar el jury en virtud del estado actual de la causa penal; y por otro, las innumerables irregularidades, excesos en su ámbito de actuación y faltas cometidas en el ejercicio de su función, que quedarán expuestos ante el Jurado de Enjuiciamiento a partir de las decenas de testimonios previstos, entre ellos el de la propia jueza federal ya mencionada.

Para esta CPM resulta imperiosa la realización del juicio político ya que la actuación de Scapolan no resulta ser un caso aislado ni anecdótico. Los allanamientos ilegales, la utilización de testigos de procedimiento falsos, el empleo de tareas de investigación y seguimiento no autorizadas por autoridad jurisdiccional alguna o el inicio de procedimientos policiales y judiciales con denuncias anónimas inexistentes, son rutinas que por su regularidad y sentido instrumental se transforman en prácticas policiales que en muchos casos cuentan con aval judicial.

Otros casos de gravedad institucional aún no resueltos son los del todavía fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello (imputado por crímenes de lesa humanidad de cuando se desempeñó como agente de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires), y el de los fiscales de Lomas de Zamora (Sebastián Scalera, Pablo Rossi y Sebastian Bisquert), acusados de perseguir y presionar a jueces independientes mediante la realización de espionaje ilegal e investigaciones arbitrarias y sin control judicial.