El miércoles 19 de octubre, a instancias del TOC 2 de San Nicolás comenzará el debate oral y público contra el agente Pablo Moresco, integrante de la Unidad Policial de Prevención Local. Durante la madrugada del 1° de junio de 2020, el policía de la bonaerense provocó la muerte de dos personas que se trasladaban en moto: Ezequiel Corbalán, de 30 años, y Ulises Rial, de 25. En diálogo con ANDAR, las madres de las víctimas coincidieron en la esperanza puesta en obtener justicia. La CPM, en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, patrocina a las familias de las víctimas, junto al abogado Gabriel Ganon, y también es particular damnificado institucional en este caso de uso letal del patrullero.

ANDAR en la Justicia

(Agencia) Ezequiel Corbalán y Ulises Rial salieron en moto a comprar bebidas a las 3 de la madrugada del 1° de junio de 2020. Un móvil policial intentó forzarlos a detener la marcha por incumplir las restricciones decretadas en el marco del ASPO. Como los jóvenes no se detuvieron, comenzaron a perseguirlo y otro patrullero al mando del agente Pablo Nicolás Moresco se sumó al operativo. Conducía por la calle Carbajo y cuando vio la moto cruzó su patrullero hacia el carril de circulación contraria para forzar su detención, iba con la sirena y balizas policiales apagadas. Esa maniobra derivó en un violento impacto de la moto sobre el lateral del patrullero que provocó la muerte de Corbalán y Rial.

Sandra Corbalán, la mamá de Ezequiel, afirmó a ANDAR que estos últimos días resultaron muy duros y difíciles para ella y para su familia: “Lloré y lloro muchísimo y estoy muy nerviosa ante el inicio del juicio. El día que le dimos sepultura, le prometí a Ezequiel que no descansaría hasta lograr que Moresco pague una condena por lo que hizo”. “Acompañada por la CPM y por la familia de Ulises Rial así como con mucha gente de San Nicolás, encuentro algo de paz. Pero es muy difícil porque nunca en mi vida me imaginé que estaría en un juicio en el que se investigara la responsabilidad por la muerte de mi hijo. Es algo que no se lo deseo ni al imputado”.

Verónica Rial, la mamá de Ulises, coincidió en que la expectativa de su familia es “que se haga justicia y que se cumpla una condena como debe ser”. “Estamos viviendo unas semanas con mucha angustia, muchos nervios, porque pensé que llegaría fuerte para este momento pero no sé cómo estaré mañana. Es muy angustiante remover todo nuevamente y pasar por todo esto”.

De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio formulado por el fiscal Rubén Darío Giagnorio, titular de la UFI 13 especializada en violencia institucional, el policía realizó la maniobra “sin importarle el daño que con su accionar podía causar en la integridad física de los ocupantes del rodado de menor porte, violando de este modo su deber de actuar conforme al principio de racionalidad”.

El equipo jurídico de la CPM intentará probar en el juicio que el policía debió representarse la gravedad de su maniobra en el caso probable de que la moto no esquivara al patrullero, por lo que su accionar se enmarca en el tipo penal de homicidio simple con dolo eventual que prevé una pena de entre 8 a 25 años de prisión. Más aun, el policía no sólo avanzó en contramano sobre el carril por el que circulaban las víctimas sino que ni siquiera llevaba encendidas las balizas policiales ni sirenas: una clara maniobra desproporcionada respecto al objetivo de identificar a personas que acababan de eludir un simple control en el marco de cuarentena durante la pandemia.

El uso letal del patrullero no es algo esporádico ni aislado: entre 2016 y 2020 se produjeron 33 muertes provocadas por policías con el patrullero, según consta en el Informe Anual 2020 de la CPM.

Tanto el abogado de la familia, Gabriel Ganon, como la CPM consideran que el oficial de policía Pablo Moresco fue consciente del riesgo creado y del carácter antirreglamentario de su conducta ya que, como funcionario público, había tenido capacitación específica sobre la utilización del patrullero y el accionar preventivo de la fuerza. Al momento de actuar, no respetó el principio de racionalidad impuesto justamente por haber causado un mal mayor a aquel que quiso evitar. Es inadmisible que un funcionario policial, con el objeto de intentar detener una moto, provoque la muerte de sus ocupantes.

Entre las pruebas que se expondrán en el juicio resultará clave la pericia accidentológica realizada por Gendarmería Nacional y de la que participó por la CPM el perito Jorge Gereto. Dicho estudio concluye que “la causa basal del accidente resulta de la interposición por circulación en contramano por parte del móvil N° 1 (automóvil), en la trayectoria de circulación del móvil N° 2 (motocicleta)”.

Producto del impacto, los jóvenes que iban en la moto salieron despedidos e impactaron sobre una vereda de la calle Carbajo. Rial murió casi inmediatamente producto de politraumatismos y fractura de cráneo, y Corbalán falleció días después, también por hemorragia cerebral, politraumatismos y fractura de cráneo.

A partir de la convocatoria de la CPM para escuelas y organizaciones que participan en Jóvenes y Memoria, estudiantes secundarios asistirán a las audiencias del juicio, que comienza mañana.