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INSÓLITO Tres jueces beneficiaron con salidas transitorias a represores y prisión domiciliaria al genocida Enrique Welsh

Por Paula Bonomi
31 enero, 2022
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La Sala de Feria del Tribunal autorizó las salidas transitorias a Eduardo Emilio Kalinec, Juan Carlos Avena y Luis Donocik, tres represores que integraron el circuito conocido como ABO, que conformaban los centros clandestinos de detención Atlético, Banco y Olimpo. En otro fallo express otorgaron la prisión domiciliaria definitiva para otro imputado en la causa “1 y 60” de La Plata, el genocida Enrique Welsh. Fuerte repudio de la Comisión por la Memoria, organizaciones de derechos humanos y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

ANDAR en la justicia

(Agencia) La Sala de Feria de la Cámara Federal de Casación Penal decidió dar el beneficio de salidas transitorias a tres genocidas que deben seguir cumpliendo penas por crímenes de lesa humanidad que cometieron en el Circuito represivo ABO. La decisión fue adoptada por los jueces Eduardo Riggi, Juan Carlos Mahiques y Carlos Geminiani, el último día de la feria antes de que cambie la composición del Tribunal. Revocaron un fallo de un Tribunal Oral Federal que había rechazado dos años atrás las salidas transitorias para Eduardo Emilio Kalinec, Juan Carlos Avena y Luis Donocik. A su vez, la Sala ad hoc de Casación también decidió conceder la prisión domiciliaria a Enrique Welsh, quien había estado prófugo hasta el 2015.

En diálogo con ANDAR, la abogada Guadalupe Godoy, militante de derechos humanos y abogada en los juicios por crímenes de lesa humanidad en La Plata, calificó de “graves” a las medidas adoptadas por la Sala de Feria. “Estos jueces intentan generar un precedente”, apuntó. “Se apartan de las decisiones que se han tomado hasta ahora y que la Corte ha convalidado”.

En el caso de Welsh, su abogado defensor, Eduardo San Emeterio, en noviembre pasado había solicitado el beneficio pero en su momento el tribunal oral a cargo lo rechazó. El 11 de enero nuevamente se realizó el pedido pero esa vez no por cuestiones de edad o de salud personal del represor sino debido a la situación sanitaria particular de la UP34 en el marco de la pandemia por Covid-19. El pasado 18 de enero el Tribunal oral volvió a rechazar el pedido pero San Emeterio presentó el día 24 la demanda ante la Sala de Feria Casación. Dos días más tarde -tiempo récord ya que hay casos que llevan más de un año esperando respuesta- Welsh fue beneficiado con la prisión domiciliaria en carácter definitivo.

“Es insólito que en vez de otorgar este beneficio de manera provisoria atentos a la situación sanitaria del penal hayan fallado a favor de Welsh en carácter definitivo por razones de edad invocando la Convención de los derechos de los adultos mayores. Desconocen fallos que con anterioridad explican y sentencian que no corresponde esta jurisprudencia en este tipo de casos”, explicó Godoy.

Compartimos el documento del Espacio para la Memoria y la Promoción de los DDHH ex CCDTYE Olimpo:

“Repudiamos la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal de dar el beneficio de salidas transitorias a genocidas que deben seguir cumpliendo penas por los crímenes de lesa humanidad que cometieron en el Circuito represivo ABO.
Entendemos que el esfuerzo testimonial de lxs sobrevivientes y los familiares., de cada unx de quienes asumieron la responsabilidad de aportar a la justicia y pusieron decenas de veces el cuerpo y la voz para que hubiese Memoria, Verdad y Justicia está siendo burlada.
La construcción social y política del pleno respeto por los Derechos Humanos, es ninguneada por esta decisión que desoye la voz de las víctimas y de la sociedad que se expidió en contra de la impunidad desde 1983 hasta el 2×1, y que insiste en que sin justicia no hay Nunca Más.

ABO I
El 24 de noviembre de 2009 se inició el primer juicio oral y público por delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos Atlético, Banco y Olimpo (conocido como “circuito ABO”). El juicio comprendió 181 privaciones ilegítimas de la libertad y tormentos ocurridos entre los años 1976 y 1979 en el circuito represivo bajo control del Primer Cuerpo del Ejército, en el que fueron juzgados 17 represores.
En diciembre de 2010 fueron condenados a prisión perpetua:
Samuel Miara (alias “Cobani”, miembro de la Policía Federal Argentina)
Oscar Augusto Isidro Rolón (alias “Soler”, miembro de la PFA)
Julio Héctor Simóm (alias “Turco Julián, miembro de la Policía Federal Argentina)
Raúl González (alias “Mayor Raúl” o “El Negro, miembro de la PFA)
Juan Carlos Avena (alias “Centeno”, miembro del Servicio Penitenciario Federal)
Eufemio Jorge Uballes (alias “Anteojito Quiroga o “Fhürer”, miembro de la PFA)
Eduardo Emilio Kalinec (alias “Dr. K”, miembro de la PFA)
Roberto Antonio Rosa (alias “Clavel”, miembro de la PFA)
Luis Juan Donocik (alias “Polaco Chico”, miembro de la PFA)
Guillermo Víctor Cardozo (alias “Cortés”, miembro de la Gendarmería Nacional)
Eugenio Pereyra Apestegui (alias Quintana, miembro de la Gendarmería Nacional)
Enrique José Del Pino (alias “Miguel”, capitán del Ejército Argentino – Batallón de Inteligencia 601).
En particular para los casos de los genocidas que fueron beneficiados con las salidas transitorias.

El 22 de marzo de 2011, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, condenó entre otrxs a:
• Juan Carlos Avena, a prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua por homicidio calificado por su comisión con alevosía y con el concurso premeditado, privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida por funcionario público con abuso de sus funciones e imposición de tormentos.
• Luis Juan Donocik, a prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua por homicidio calificado por su comisión con alevosía y con el concurso premeditado, privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida por funcionario público con abuso de sus funciones e imposición de tormentos.
• Eduardo Kalinek, a prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua por homicidio calificado por su comisión con alevosía y con el concurso premeditado, privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida por funcionario público con abuso de sus funciones e imposición de tormentos

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