El proyecto de ley integral de VIH, tuberculosis y hepatitis logró la aprobación en la Cámara de Diputados con amplio consenso. Obtuvo 241 votos afirmativos y 8 negativos, se opusieron legisladores de los bloques liberales, libertarios y de Juntos por el Cambio; ahora deberá ser tratada en el Senado. Desde 2014 las organizaciones de personas que viven con VIH piden actualizar la norma que está vigente desde 1990 y trabajaron en el proyecto actual.

ANDAR en la Legislatura

(Agencia Andar) “Todavía estamos conmovidos, contentos, contentas, contentes, felices. Ahora falta la instancia del Senado pero creemos que será ley y será justicia”, evalúa Carlos Rodríguez de CheSida, una de las 40 organizaciones que desde 2014 pensaron, debatieron, trabajaron y caminaron esta ley junto a redes de personas que viven con VIH, el Ministerio de Salud y la comunidad académica.

Ya llevan ocho años de pelea y cuatro instancias en las que quedó sin estado parlamentario. El objetivo es actualizar la ley vigente, que es de 1990 y se centra en un abordaje biomédico. El proyecto actual tiene un abordaje integral que considera además los determinantes sociales de la salud e incluye a las hepatitis virales, la tuberculosis y las infecciones de transmisión sexual.

“Incorpora lo que se conoce como determinantes sociales  Es una respuesta  integral e intersectorial tiene que ver con considerar las infecciones transmisibles de mayor permanencia en el país”, describe Carlos. Además de mantener la atención, tratamiento y suministro de medicación de manera gratuita para todas y todos los pacientes, el proyecto contempla otros derechos previsionales, laborales y sociales que apuntan, especialmente, a revertir esos condicionamientos socio-económicos que impiden sostener los tratamientos en el tiempo.

El aspecto previsional es un importante avance normativo. Y fue lo que generó mayor resistencia en los sectores que le hicieron objeciones. Adelanta la edad jubilatoria para las personas con VIH a los 50 años, con 20 años de aportes y, por lo menos, 10 de diagnosticado, y contempla el acceso a pensiones no contributivas en el caso de las personas que, aun estando en relación de dependencia, perciban remuneraciones por debajo del salario mínimo vital y móvil.

“El rechazo fue por un cuestionamiento a los gastos del Estado por el caso de las jubilaciones y pensiones. Sin embargo no es tanta la cantidad de personas a la que les correspondería este beneficio: son personas de alta vulnerabilidad social. Lo que nos preocupa y queremos charlar con senadores y senadoras es que estos artículos que fueron objetados y hacen a lo previsional se sostengan en el Senado”, señala Carlos.

“La ley además tiene perspectiva de derechos humanos, de género, y es innovadora porque plantea la cuestión de poder hablar de soberanía en medicamentos, promueve la investigación y el desarrollo de tecnologías locales”, suma el activista.

“Este es un pasaje del lugar de víctimas o pacientes a conformarnos como sujetos de derechos que reclaman al Estado políticas públicas desde un alto nivel de intervención, como haber redactado la ley”, considera. La experiencia social compartida, el trabajo comunitario, los antecedentes de luchas como las del movimiento feministas con la IVE, fueron el acervo de donde sacar energía y estrategias para lograr esta media sanción. “Un trabajo de hormiga”, define Carlos cómo se hizo para sensibilizar a los y las legisladoras sobre el tema. “Y ayer nos emocionamos y recordamos también a todos los compañeros y compañeras que murieron por causas evitables”, cierra.