El 6 y el 7 de marzo se realizaron las jornadas de debate oral y público en torno al caso del homicidio agravado cometido por el policía bonaerense Emiliano Paris y del que resultara víctima Gabriel Godoy, un niño de 15 años del barrio Itatí de Bernal, Quilmes, además del homicidio en grado de tentativa cuya víctima fue otro joven, Brian Cejas, amigo de Gabriel. El veredicto se dará a conocer el próximo lunes, tras casi 7 años de maniobras procesales y hostigamiento policial –ejercido incluso por el propio imputado- contra las familias de las víctimas y sus amigos. La CPM ejerce la representación del particular damnificado, y en su alegato solicitó la pena de prisión perpetua para Emiliano Paris por el delito de homicidio agravado por abuso de su función en su carácter de miembro de una fuerza de seguridad.

(Agencia) El breve juicio completó el martes 7 de marzo las etapas de producción de prueba y alegatos, y el próximo lunes 13 a las 14 hs el Tribunal Oral Criminal (TOC) 1 de Quilmes dará a conocer el veredicto. Una vez más, y a pesar de todas las advertencias y denuncias que realizó esta CPM durante los últimos años –en su carácter de representante legal del particular damnificado-, la familia de Gabriel Godoy sufrió en plena jornada de debate el hostigamiento del imputado Emiliano Paris, quien utilizó su teléfono celular para tomarle fotos. Sin embargo, notificado el tribunal sobre esta situación no hubo ningún señalamiento hacia el policía en virtud de que las fotografías fueron tomadas durante un cuarto intermedio.

Para la CPM resulta preocupante que las prácticas intimidatorias, abusivas y amenazantes realizadas por miembros de las fuerzas sean toleradas en los ámbitos judiciales mientras se los investiga por graves delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Ya durante el fallido inicio del juicio en noviembre de 2022, antes del ingreso a la sala de audiencias los abogados de la CPM habían advertido cómo uno de los policías asignados a la guardia del edificio filmaba con su teléfono celular a la familia y a cuatro amigos de Gabriel Godoy que iban a declarar como testigos del homicidio. Estas prácticas se registraron desde el mismo momento del asesinato de Gabriel Godoy, cuando la policía le “plantó” un arma al padre de la víctima, Alejandro, por la cual estuvo detenido en comisaría una semana sin poder asistir al velatorio y entierro de su hijo.

En las jornadas de debate del 6 y 7 de marzo declararon varios jóvenes amigos de Gabriel Godoy que, minutos antes del homicidio, habían estado con él compartiendo una gaseosa en la esquina de Formosa y Levalle, en Bernal, y que escucharon al menos cuatro disparos desde la zona en la que el policía Paris gatilló su arma. También declaró la psicóloga perito de parte, acreditó ante los jueces el daño psicológico sufrido hasta hoy por Paola Núñez, mamá de Gabriel.

Las pericias balísticas y sobre el cuerpo de la víctima con las que se determinó el recorrido de los proyectiles, la cantidad de disparos realizados, las heridas sufridas por Gabriel Godoy no dejan lugar a dudas respecto a la intencionalidad de matar y a la falta de amenaza real que explicara la reacción homicida del policía Paris. Por eso en su alegato la CPM solicito la condena del imputado por el delito de homicidio agravado por abuso de su función en su carácter de miembro de una fuerza de seguridad. Ningún testigo, excepto el propio Paris y los policías que llegaron luego a la escena del asesinato, habló de un arma en poder de Gabriel Godoy ni tampoco de un intento de robo.

El otro joven que recibió un disparo, Brian Cejas, tampoco llevaba un arma como pretendió instalar la defensa del imputado desde el inicio de la causa; aun así en aquel momento fue imputado injustamente por tentativa de robo y luego condenado en juicio abreviado a la pena de 4 años.

“El planteo nuestro es que hubo un dominio pleno o absoluto de la escena, tanto de Paris que no dejaba acercarse a los amigos, a los familiares –entre ellos, el abuelo Teodoro Núñez y la tía del joven, Natalia Núñez- ni vecinos, amenazando a todos que los mataría. Luego fueron llegando policías, uniformados y de civil, y continuaron controlando la escena para instalar la versión del intento de robo”, afirman desde el equipo jurídico de la CPM sobre los alegatos brindados el martes. Señalaron además que no se aplicó la resolución 1390/01 de la Procuración General bonaerense que en los casos en los que se imputen delitos a integrantes de una fuerza de seguridad no puedan participar de la investigación otros integrantes de esa misma fuerza, justamente con el objeto de evitar la manipulación, ocultamiento o producción de falsas evidencias. “Eso hubiera permitido una investigación objetiva, imparcial e independiente que resulta fundamental en estos tipos de causa sobre uso letal de la fuerza. Acá hay una responsabilidad del Estado en asegurar una investigación exhaustiva y efectiva”, agregaron los abogados de la CPM.

Sobre la calificación legal, la Fiscalía de Juicio a cargo de María de los Ángeles Attarian Mena enmarcó los hechos en el exceso de legítima defensa, con un pedido de pena de 5 años de prisión, en tanto que la defensa del imputado pidió directamente la absolución.