A un mes y medio de la postergación del plenario de comisiones a raíz de la intervención de un grupo de gobernadores del norte, este jueves 10 de noviembre se retomó el tratamiento de los proyectos de ley de humedales y, tras horas de discusión, se firmaron dos dictámenes –el de mayoría, que obtuvo 55 firmas, fue propuesto por el bloque Juntos por el Cambio y de minoría, con 49 firmas, por el Frente de Todos- para ser tratados en el recinto antes del 30 de diciembre, cuando concluya el período de sesiones ordinarias. La autoridad de aplicación para la realización del inventario nacional de humedales y el rol de las provincias, en el eje de las diferencias.

ANDAR en el Congreso

(Agencia) Mientras el norte bonaerense y una importante región de Santa Fe, especialmente la ciudad de Rosario, atravesaban semanas de intensos bancos de humo producto de las quemas de pastizales en el Delta del Paraná, a fines de septiembre pasado se conoció, repentinamente, la postergación del debate que las comisiones de Recursos Naturales, Agricultura y Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación llevaban adelante en la búsqueda de un dictamen de consenso para la sanción de una Ley de Humedales.

La ley viene siendo frustrada y obstaculizada desde hace 9 años cuando se presentó la primera iniciativa. En efecto, hubo proyectos que obtuvieron la media sanción en el Senado de la Nación en dos oportunidades –una en 2013 y la siguiente en 2016- y un dictamen emitido en 2020 por la Comisión de Recursos Naturales que ya presidía el diputado Leonardo Grosso, pero nunca se alcanzó la sanción de la norma.

De allí que este nuevo intento parlamentario ha despertado nuevamente las expectativas en organizaciones sociales y medioambientales de todo el país, que reclaman e impulsan diversos proyectos desde hace muchos años con el objeto de frenar el deterioro de zonas de humedales, bosques nativos y reservas naturales.

En efecto, el escenario de destrucción y devastación en amplios ecosistemas del litoral argentino parece haber acelerado lo que la dinámica política no logra visualizar: la urgente necesidad de una ley de humedales que, entre otros objetivos, promueva la creación de un inventario abarcativo de todo el país (se calcula que entre el 12 al 25 por ciento del territorio nacional está conformado por humedales); que se penalicen los incendios intencionales en esos territorios; y que se regule la aplicación de sustancias contaminantes.

El plenario de comisiones de este jueves 10 de noviembre terminó con dos dictámenes –el de mayoría, que obtuvo 55 firmas, fue propuesto por el bloque Juntos por el Cambio y de minoría, con 49 firmas, por el Frente de Todos- en torno al proyecto de ley de Régimen de presupuestos Mínimos para la Identificación, Conservación, Protección, Restauración Ecológica y Uso Racional de los Humedales y, tal como remarcaron legisladores de distintos bloques, la iniciativa no busca prohibir la producción ni actividades económicas sino que crea un piso de criterios para proteger los humedales y planificar la política productiva.

En este sentido, El presidente de la Comisión de Medio Ambiente, el diputado Leonardo Grosso (Frente de Todos), afirmó que “cuando el Congreso comenzó a discutir en torno a esta ley hace poco más de 9 años teníamos un contexto ecológico distinto, que se ha agravado y que requiere de una discusión urgente porque estamos ante un problema de gobernanza”.

Asimismo, valoró que el plenario de comisiones lograra concretar los dos dictámenes “que tienen muchos parecidos, por ejemplo la definición e inventario sobre los humedales en el país que parecía algo imposible de acordar. También la moratoria, las restricciones, disposiciones transitorias, financiamiento, autoridad de aplicación, son grandes puntos de acuerdo de la política argentina”.

En virtud del reciente anuncio sobre la extensión del período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, el tratamiento de los dictámenes en el pleno del recinto de la Cámara baja podría darse entre la semana próxima –aunque difícil, teniendo en cuenta diferencias aún no resueltas entre los bloques- y el 30 de diciembre.

Respecto a las diferencias entre los dictámenes firmados, se destaca la intervención o no de la Secretaría de Agricultura del Ministerio de Economía en la conformación de la autoridad de aplicación de la ley (Juntos por el Cambio pretende que sí, mientras que el Frente de Todos apunta a que ese rol sólo lo cumpla el Ministerio de Ambiente).

También resta terminar de acordar cuál será el rol de las provincias en torno a la elaboración del inventario de humedales y los criterios para determinar su extensión y los niveles de protección que se construirán bajo los preceptos de esta ley.