La justicia reconoció que un joven internado en una comunidad terapéutica estaba ilegalmente privado de su libertad. Fue en un juicio en el que fue acusado por lesiones graves por golpear a un operador para huir del lugar. Su historia evidencia la trama de violencia que se teje alrededor de las personas internadas con padecimiento mental, en espacios que el Estado ha dejado vacante y sin control. Al día de hoy, esa comunidad sigue funcionando sin habilitación.

ANDAR en la Provincia 

(Agencia Andar) Carlos se quiebra frente al juez. En octubre del 2020 internó compulsivamente a su hijo Franco en el centro de adicción a las drogas Proyecto Universo, en Villa Elisa. Pensó que era el mejor o el único recurso con el que contaba, otra vez, ante la situación de consumo que arrastraba el joven desde adolescente. Su hijo terminó preso.

Franco fue condenado por el delito de lesiones graves: golpeó en la cabeza a un operador de la comunidad donde estaba alojado contra de su voluntad. La institución no contaba con ningún tipo de habilitación. En la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de La Plata, el juez Paolini reconoció que su internación no era legítima y definió su excarcelación dando su pena por cumplida con la prisión preventiva sufrida.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, viene acompañando a la familia desde el momento en que tomó conocimiento del caso, solicitó la aplicación de la ley nacional de salud mental y requirió medidas de prueba en el marco de la investigación, entre otras acciones.

“Cuando era menor de edad lo lleve con mentiritas”, recordó Carlos en el debate oral en el que su hijo terminó como acusado. “Franco no quería estar encerrado, pero ningún chico quiere eso, todos son iguales. Franco no podía tomar determinaciones en el estado en el cual se encontraba, deteriorado, no estaba en sus cabales, vivía en la calle, no trabajaba, consumía, yo no quería eso para mi hijo”, detalló. La ley de salud mental restringe las internaciones y prevé un armado de una red de dispositivos de base comunitaria para la atención de las personas con padecimientos como adicciones. En caso de ser necesaria esa internación por riesgo para sí o terceros debería hacerse en camas de servicio de salud mental de un hospital general. El Estado también debería desarrollar dispositivos públicos para la internación y la contención o tratamiento, seguimiento ambulatorio con carácter interdisciplinario. Pero a falta de estos dispositivos las familias caen en instituciones privadas, y al día de hoy el Estado no cuenta con un registro de la cantidad total de personas internadas por razones de salud mental y consumos problemáticos.

De las internaciones previas de Franco su papá conservaba el contacto de un operador, Gustavo Princich, supo que había abierto su propio proyecto, la comunidad terapéutica Proyecto Universo, y recurrió a él. Esta vez el ingreso a la institución fue distinto. Princich buscó a Franco en su domicilio en Capital Federal junto a dos empleados del lugar. Llegaron cuando estaba durmiendo, le dieron una inyección y lo trasladaron al centro de adicciones.

Ese fue el resultado de su internación en Proyecto Universo. Por esos hechos quedó detenido. Otra vez fue Gustavo Princich el que salió a buscarlo en las inmediaciones de la institución, lo redujo y lo entregó a la policía. Ahora hay una investigación penal abierta contra las personas que de hecho secuestraron a Franco; fue iniciada por orden del Tribunal de Casación Penal.