Desde la Marcha provincial por justicia de Corrientes denunciaron una brutal represión hacia las personas alojadas en la comisaría séptima. La organización, que trabaja contra la violencia institucional, viene denunciando un estado de situación en el que el estado provincial vulnera sistemáticamente derechos constitucionales y otorga a las fuerzas de seguridad potestades que instalan una violencia sin control.

ANDAR en Corrientes

(Agencia Andar) Hermindo González es abogado e integra la Marcha provincial por justicia en Corrientes. La organización debió asistir la semana pasada más de una decena de personas que recibieron una brutal golpiza sin motivo estando detenidas en la comisaría séptima. “El sistema penitenciario provincial está totalmente colapsado, entonces aunque hay una prohibición de alojar personas en comisarías se aloja igual y en la séptima había 12 internos en distintos tipos de procesos, algunos demorados por averiguación de antecedentes, otros imputados por delitos contra la propiedad”, describe González.

El domingo previo al feriado, al caer la noche y sin ningún motivo, personal policial ingresó a las celdas en una especie de requisa tumbando cosas, rompiendo pertenencias y luego golpeando a las personas allí alojadas hasta reducirlos y dejarlos lastimados en el piso. “Según las comunicaciones que tuvimos con las víctimas esto se extendió durante unos 40 o 50 minutos y luego de terminar de romper sus cosas se retiraron”, cuenta González que recibió las denuncias de los familiares y las trasladó a la fiscalía de turno para tratar de garantizar la atención médica para estas personas.

Desde la organización evaluaban iniciar una denuncia penal por la situación, pero la fiscalía que llegó hasta la dependencia y dispuso la examinación y asistencia médica de los detenidos inició investigación de oficio. Ahora se encuentran esperando los resultados de esta instrucción que cuenta con ocho días para aportar diligencias al juzgado.

“Preocupa la naturalidad la normalidad y lo periódico de estos hechos. Hay antecedentes graves y sospechosos, en la comisaría de Esquina internos que aparecieron como suicidados y tenemos la sospecha que fruto de este accionar esos suicidios son inducciones u homicidios. Lo que ocurre es que la estructura de investigación oficial, lejos de ponerse a trabajar en virtud de la realidad de los hechos, dispara un mecanismo encubridor. Tratan de plantearlos como disputas entre internos o lesiones auto infligidas”, señala el abogado.

González define la situación en Corrientes como caótica, arbitraria e ilegal ”porque se vulneran constantemente derechos constitucionales en el encierro y afuera. Han creado un estado de sospecha, con un código contravencional que habilita detenciones y que se suma a la potestad policial de aprehender  por averiguación de antecedentes. Así te detienen bajo esa figura, aplican tremendas golpizas y luego aplican la contravención. Eso también sirve para hacer caja porque la comisaría contravencional no pasa por ninguna otra instancia judicial”, denuncia.

El próximo viernes 26, y en el marco de la Marcha nacional contra el gatillo fácil, la organización correntina se concentrará en Santa Fe y 3 de Abril, donde hay una dependencia con policías detenidos acusados por causas de gatillo fácil y apremios ilegales. La convocatoria es “contra la represión estatal”.