ANDAR en la Justicia

La respuesta fue una “requisa extraordinaria” de la que participaron 39 integrantes de la fuerza con el objeto de ingresar y restablecer el orden. En un momento, un grupo de esos guardias comenzó a realizar disparos con munición anti tumulto hacia los detenidos que protestaban y otros lanzaron gas lacrimógeno para despejar el ingreso al pabellón.

Según la Fiscalía, está claro que quienes se encerraron en la celda no pudieron representar riesgo alguno para los penitenciarios como para justificar que estos abrieran la puerta y los golpearan y ahogaran con el gas pimienta. Pero más relevante aún resulta la actuación pasiva de los médicos presentes en todo momento así como la del personal anti siniestros y los bomberos del complejo penitenciario.

“Los médicos no certificaron las lesiones y la explicación que dieron es que como había mucho gas lacrimógeno en el lugar no podían respirar. Por tal motivo se pusieron las máscaras anti gas y eso les impidió evaluar corporalmente a los pacientes”, sostuvieron desde la Fiscalía.

Terminada la represión, entre el 10 de y el 13 junio se implementó un sistema de sanción para todos los detenidos en el Pabellón B: régimen de aislamiento, nula o insuficiente provisión de comida y salidas a baños y ducha muy escasas.

Durante el periodo señalado tampoco se realizó la limpieza del pabellón, ni se proveyó a los internos de luz artificial en celdas, SUM y duchas, dejando piletas, lavamanos e inodoros tapados, las duchas sin flor, los piletones sin sus correspondientes canillas y las celdas sin policarbonato en sus ventanas a pesar de encontrarse en invierno.

Las torturas padecidas por más de 30 detenidos sancionados concluyeron el 13 de junio cuando arribó la comitiva del Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias –dependiente de la Cámara Federal de Casación Penal- a la Unidad Residencial III Pabellón B, y corroboró personalmente el estado desesperante en el que se encontraban los detenidos, gritando por comida y agua.

Uno de los integrantes de aquella comitiva es parte de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), por lo que rápidamente el caso se notificó a la Fiscalía Federal 2 de Lomas de Zamora dando inicio a la investigación penal. Ahora, a poco más de tres años de los hechos, llegó el procesamiento para todos los funcionarios intervinientes, con el agregado de un embargo por mas de 10 millones de pesos a cada uno.

Respecto a la calificación legal, el procesamiento considera el delito de torturas para la mayor cantidad de imputados que son los que integraron el cuerpo de requisa: para Pedro Avelino Insaurralde, quien ostentaba el 9 de junio de 2019 la máxima autoridad del Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza, la conducta de omisión de evitar la comisión de torturas; para quienes integraron el Comité de Seguridad que dispuso el sistema de sanción durante varios días, los delitos de torturas, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y falsificación de documentos públicos; y para los dos médicos intervinientes, la conducta de tortura y falsificación de documentos públicos.

“En esta causa fueron muy importantes los testimonios de los propios penitenciarios, que reconocieron la brutal represión, los disparos en el pabellón, el uso del gas lacrimógeno (…) es una investigación que llega a esta instancia con muchas pruebas, incluyendo las cámaras de seguridad del pabellón con registros completos de aquellos días; las actas de los médicos y mucha documentación de la cárcel; y las audiencias que mantuvimos el sábado 15 de junio de 2019 con las víctimas de las torturas”, señalaron desde la Fiscalía.