La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, y las legisladoras Susana González y Teresa García presentaron al jurado de enjuiciamiento de jueces y magistrados de la provincia de Buenos Aires el pedido de juicio político contra el fiscal platense Juan Cruz Condomí Alcorta. El pedido de jury por mal desempeño de sus funciones, negligencia e incompetencia destaca las irregularidades de la actuación del fiscal en dos causas que investigaban al intendente de Ensenada, Mario Secco, y a dirigentes sindicales del Astillero Río Santiago, así como también la decisión de no investigar a funcionarios del gobierno anterior por una malversación de fondos millonaria contra dicho organismo. Pidieron el apartamiento preventivo del cargo hasta que se resuelva la presentación.

ANDAR en la Justicia

(CPM) La persecución política del fiscal Condomí Alcorta contra el intendente de Ensenada Mario Secco no es un episodio aislado. Se inscribe en una política implementada durante la gestión de Cambiemos para perseguir y presionar a dirigentes y jueces de acuerdo a los intereses políticos del gobierno, entre ellos la persecución contra el juez de garantías de Lomas de Zamora Gabriel Vitale, el fiscal feneral de Lomas de Zamora Enrique Ferrari o el proceso que terminó con la destitución del juez Luis Arias.

En la presentación al Jurado de Enjuiciamiento de Jueces y Magistrados, la CPM –con la firma de sus presidentes Adolfo Pérez Esquivel y Dora Barrancos, y el secretario Roberto Cipriano García–, la diputada provincial Susana González y la senadora Teresa García denunciaron la negligencia, incompetencia e irregularidades en el desempeño del fiscal Condomí Alcorta en dos causas: la mencionada contra el intendente de Ensenada, que fue recientemente elevada a juicio, y una segunda contra dirigentes sindicales del Astillero Río Santiago.

En la causa contra el intendente del Frente de Todos por resistencia a la autoridad y otros delitos durante una manifestación frente a la Legislatura Provincial, la denuncia por mal desempeño de sus funciones señala que el fiscal Condomí Alcorta, en ese momento a cargo de la Fiscalía de Flagrancia, actuó a pesar de no tener competencia en el asunto.

De acuerdo a la presentación, durante un cuarto intermedio, legisladores hicieron pasar el intendente Secco al recinto para que exhibiera elementos de la represión que se había desatado afuera de la Legislatura. Luego de transcurridas más de dos horas de que se retirara el intendente, ingresó el Agente Fiscal Condomí Alcorta, acompañado por el director de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) y la Dirección de Policía Científica.

Sin embargo, Condomí Alcorta no tenía competencia para actuar, ya que no existía un delito de flagrancia ni su fiscalía se encontraba de turno. Los hechos que se le imputan a Secco ocurrieron durante un cuarto intermedio, en un ámbito cerrado y sin televisación, por lo cual el fiscal no tenía cómo tomar conocimiento del hecho para actuar de oficio ante la comisión de un posible delito de acción pública.

 El segundo de los hechos se inicia con una denuncia del interventor de Astilleros Río Santiago (ARS) designado por el gobierno de Cambiemos, ​en cuya gestión también se designó a un agente de inteligencia de la AFI como Gerente, Coordinador de Seguridad y Jefe de Recursos Humanos del ARS. El procurador bonaerense Conte Grand designó a Condomí Alcorta para conducir esta investigación: los medios de pruebas producidos por el fiscal demuestran una intención de “direccionar la pesquisa a fin de involucrar directamente a la cúpula de ATE Ensenada”.

Ante la inconsistencia probatoria de la denuncia formulada por el interventor Capdevila para incriminar al gremio, se ordenó a la Prefectura Naval Argentina realizar un informe técnico respecto de varias situaciones que surgieron de las declaraciones testimoniales. Ese informe, elaborado por peritos especialistas de la Prefectura, concluyó que en las contrataciones relativas a la construcción de dos Bull Carriers y dos remolcadores se habría realizado una malversación de fondos públicos por 95 millones de dólares.

De este informe técnico y otras declaraciones obrantes en la causa, se desprende que las maniobras con los contratos eran atípicas y estaban preparados para malversar fondos públicos y lavar activos, siendo pagados a través de cartas de créditos emitidas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el fiscal Condomí Alcorta dispuso que la clara defraudación referida era irrelevante y no le dio importancia. Desestimó el informe técnico encargado por él mismo, y que acreditaba claramente un hecho ilícito, prefiriendo desviar la atención en la búsqueda de algún hecho que pueda endilgar responsabilidad a los sindicalistas de ATE-Ensenada.

“En consecuencia, teniendo en cuenta la conducta del Agente Fiscal Condomí Alcorta, esta se encuadra lisa y llanamente en el incumplimiento de los deberes inherentes al cargo, incompetencia y negligencia en el ejercicio de sus funciones, y en graves irregularidades en los procedimientos en los que ha intervenido […] y en particular la omisión de actuar de oficio ante un delito de acción pública como lo es el delito de malversación de fondos públicos y corrupción, descubiertos a raíz de las medidas periciales por él solicitadas”, concluye la presentación realizada por la CPM y las legisladoras provinciales.

Esta actuación irregular del fiscal Condomí Alcorta fue avalada por el procurador bonaerense Julio Conte Grand. En ese contexto, la CPM ya había advertido el rol del procurador bonaerense Julio Conte Grand, ex funcionario político del gobierno provincial, amparando las acciones irregulares de los funcionarios que impulsaban estas maniobras de persecución y hostigamiento a dirigentes políticos, sindicales e, incluso, a funcionarios del mismo poder judicial.

Para ello, por ejemplo, promovió la adecuación de la estructura de la Procuración con la creación de la Secretaría de Control Disciplinario y Enjuiciamiento, con el objetivo centralizar todas las denuncias contra los Fiscales y Defensores, las que antes tramitaban ante funcionarios jerárquicos concursados. Esta secretaría está integrada por funcionarios elegidos discrecionalmente por Conte Grand, es decir, funcionarios con dependencia orgánica, funcional y política del Procurador, representando ello una clara violación a la independencia e imparcialidad que deben seguirse en estos procesos.

Desde allí se propiciaron maniobras de inteligencia ilegal y manipulación en el accionar de la Justicia, siendo una herramienta indispensable del Procurador para lograr la impunidad de fiscales denunciados en instancias penales y administrativas -como el caso del Fiscal General de Mar del Plata Fabián Fernández Garello, imputado por crímenes de lesa humanidad- al mismo tiempo que la utilizó para la persecución y hostigamiento de magistrados independientes.