El día de ayer, una violenta represión ejecutada por la Policía Bonaerense, dirigida al público presente en el estadio de fútbol de Gimnasia y Esgrima La Plata, se desplegó durante más de una hora con una crueldad y saña inexplicable. Sus consecuencias son irreversibles: la muerte de César Gustavo “Lolo” Regueiro, cientos de heridos incluyendo niñes, algunos con discapacidades permanentes.

La enorme cantidad de gases y disparos de armas de fuego con balas de goma –las primeras informaciones sobre las pericias dan cuenta de más de 400 cartuchos recogidos-, también a quemarropa como quedó grabado sobre un periodista, conmueve a toda la sociedad.

Pero esta actuación desproporcionada, brutal, sin sentido, violenta y cruel, que vulnera la seguridad más que garantizarla, no es una novedad. Todos los días, a lo largo y ancho de la provincia, la Policía Bonaerense viola los derechos humanos. Solo en las últimas dos semanas, la represión y desalojo de 50 familias del Barrio 22 de enero y 1 de Noviembre de Ciudad Evita en La Matanza, las torturas y malos tratos a dos jóvenes menores de edad en Mar del Plata, sobre otro joven en Necochea o a varias personas en Pergamino, dan cuenta de la gravedad de la situación.

Frente a los hechos, la actitud del ministro de Seguridad Sergio Berni es la negación permanente de la responsabilidad policial sosteniendo la versión corporativa de los hechos que busca la impunidad, el anuncio de una profesionalización inexistente, la culpabilización de las víctimas y la construcción de teorías conspirativas que acusan a los organismos de derechos humanos de mala fe. Las políticas de seguridad han sostenido la violencia policial como forma de gestión de los conflictos sociales.

Hacen falta decisiones políticas claras que reviertan de inmediato esta situación y terminen con las políticas neoliberales que, en materia de seguridad y política criminal, son transversales a los últimos gobiernos provinciales.

La violencia policial y las graves violaciones de derechos humanos que la fuerza provoca todos los días y que adquirió un enorme dimensión en los hechos del día de ayer, son incompatibles con la democracia y deben cesar, ya que la ponen en riesgo y alimentan procesos autoritarios que conducen a mas violencia social.

La Comisión Provincial por la Memoria, en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, se encuentra interviniendo frente a estas situaciones.

Próximos a cumplir 40 años de democracia sin interrupciones, sigue pendiente la tarea de desarmar prácticas y sentidos en la actuación de las fuerzas de seguridad donde anidan los discursos del odio, el autoritarismo y la violencia. El estado es el gran ordenador y productor de sentidos y valores rectores de la sociedad. Es imprescindible profundizar los procesos democratizantes en las instituciones, donde día a día se producen y reproducen la violencia y la injusticia.

Por eso, además de modificarse las políticas, los funcionarios deben combatir esta cultura institucional y no alentarla.

Foto: Marcelo Endelli