Ayer, 2 de marzo, al cumplirse cinco años de la masacre de Pergamino, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) junto a familiares de las siete víctimas, integrantes de la Asociación por la memoria y los derechos humanos y el Colectivo Antirepresivo 7 tomaron posesión del edificio de la ex comisaría 1ª. El acto se realizó tras la firma del comodato donde el Municipio cedió el inmueble a la CPM por 20 años, para el funcionamiento del Espacio por la memoria y la promoción de los derechos humanos ex comisaría 1° de Pergamino. La ordenanza, que en 2018 creó por unanimidad de todos los bloques políticos el espacio, dispone la gestión conjunta de las organizaciones, los familiares y el Estado. Concejalas de la comisión de derechos humanos participaron de la jornada y una gran cantidad de vecinos y vecinas acompañaron la movilización por un nuevo aniversario de la masacre que recordó a Sergio Filiberto, Federico Perrota, Alan Córdoba, Franco Pizarro, John Mario Claros, Juan José Cabrera y Fernando Latorre.

ANDAR en Pergamino

(CPM/Agencia Andar) El edificio de Dorrego 636, donde funcionó la comisaría 1ª de Pergamino hasta la masacre ocurrida el 2 de marzo de 2017, mantiene los rastros del horror, nada fue alterado desde ese momento: las marcas del incendio, los colchones, algunas pocas prendas de las personas que estaban detenidas. Tras la masacre, la comisaría fue desafectada y alcanzada por una medida judicial de no innovar hasta la realización del juicio. Cinco años después, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), familiares de las siete víctimas e integrantes de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos de Pergamino y el Colectivo Antirrepresivo 7 ingresaron al lugar para tomar la posesión efectiva del edificio.

“Estar acá y recordar los lugares en donde lo vi, ver lo que quedó y pensar por todo lo que debe haber pasado, te deja una sensación de impotencia, de no poder creer que haya gente que no se sensibilice por esos pedidos de auxilio. Fueron cinco años de una lucha desigual, no fuimos entendidas, fuimos maltratadas y hoy vemos un poquito de esperanza en esta misma sociedad”, dijo Cristina Gramajo, mamá de Sergio Filiberto durante la recorrida por el edificio.

“Este sitio de memoria nos remite al presente, porque estamos hablando de algo que puede volver a ocurrir, porque hay miles de personas alojadas hoy en las condiciones de detención que uno ve acá”, señaló la directora general de la CPM Sandra Raggio. Y agregó sobre los desafíos de pensar y resignificar este espacio: “Acá la representación se diluye porque estamos frente a la presencialidad de una materialidad brutal, que no puede dejar de serlo. El desafío es construir un relato para poder contar lo que es intolerable, un mensaje político, ético y afectivo para no ser indiferente a esto que pasa”.

Durante la mañana, antes del acto de posesión, el intendente de Pergamino Javier Martínez hizo entrega de las llaves del lugar tras la firma del convenio que cedió el inmueble en comodato por 20 años a la CPM para su preservación y gestión. Así estaba previsto en la ordenanza que creó el espacio de memoria y que fue votada por unanimidad en el Concejo Deliberante en 2018 y apoyada por la gestión municipal. La dependencia policial ya se encontraba señalizada por su funcionamiento como centro de detención ilegal durante la dictadura cívico-militar.

“Esto se construyó con consenso. Todas las fuerzas políticas se unieron para promover y aprobar la ordenanza y ceder hoy este edificio público y crear este espacio de memoria y derechos humanos. Para nosotros es también una experiencia pionera en la construcción colectiva de este espacio, siempre es difícil acordar colectivamente en temas tan sensibles, sin embargo logramos construir este camino con las familias, con las organizaciones locales, que estuvieron y estarán en la gestión política de este sitio y en la discusión de lo que esté lugar va a ser”, destacó el secretario de la CPM Roberto Cipriano García. Y agregó: “El valor de esta posesión es que deja de ser un edificio de la policía para ser un espacio donde se interpele la política represiva, un espacio también de interpelación a las nuevas generaciones para profundizar nuestra democracia y trabajar para la no repetición de estos hechos”.

Como una marca de esos consensos y apoyos políticos detrás de la creación del sitio, participaron del ingreso al edificio las concejalas del Frente de Todos, que integran la comisión de derechos humanos Laura Clarck y Leticia Conti.

“Es muy fuerte acompañar este acto, me pasa por el cuerpo, dos de los siete jóvenes eran alumnos míos, el día de la masacre estaba con la madre de Paco [Franco Pizarro] en la calle cuando daban la nómina de los muertos”, recuerda Laura Clarck, que preside actualmente la comisión y tiene un largo recorrido en la Asociación por la memoria y derechos humanos de Pergamino.  “Hoy este espacio está en el ámbito institucional, un reconocimiento a las madres que lucharon para que este hecho no quede en la marginalidad, para que el horror no nos pase por el costado, para que la sociedad se reencuentre con el sentido de la humanidad”, agrega.

“Como concejalas, como representantes de la sociedad, teníamos el mandato de visibilizar una parte de la historia de Pergamino, de impulsar y acompañar que la comisaría de transforme en este sitio. La materialidad permite visibilidad, no se puede estar adentro y no sentirse conmovido. Hay dolor pero también esperanza, esperanza en construir un espacio para comprometernos, porque nadie está exento de estos hechos”, remarcó Leticia Conti.

La ordenanza de creación del espacio también establece la conformación de un consejo de gestión del sitio con representantes de la CPM, del colectivo antirrepresivo 7 –que nuclea a familiares de las víctimas–, de la Asociación por la memoria y los derechos humanos de Pergamino, del Municipio, del concejo deliberante, de la Universidad Nacional del Noroeste Bonaerense y del Ministerio de Justicia y derechos humanos de la provincia.

La Asociación por la memoria y los derechos humanos de Pergamino estuvo presente desde la primera marcha que reclamó justicia por los siete jóvenes que murieron en la masacre de la comisaría 1ª, acompañaron a las familias de las víctimas, impulsaron la creación del sitio y participaron hoy de la entrega de llaves en el Municipio y del acto de posesión.

“En el 84 vinimos a esta dependencia por la denuncia de tortura con picana eléctrica a un detenido; estábamos con el intendente, y el comisario que nos atendió tenía la picana en el escritorio. Así empezamos, con esa herencia, hasta terminar con esta masacre”, recordó Guillermo Colautti, presidente de la Asociación. Y Karina Gorordo agregó: “Enseguida entendimos que era una masacre, que teníamos que estar acompañando a esas familias; hasta la pandemia, realizamos una marcha cada 2 de mes, siempre haciendo este camino hasta la puerta de la comisaría”.

Ayer, en otro día 2, al cumplirse cinco años de la masacre, una gran cantidad de vecinos y vecinas, e integrantes de la Red de familiares contra la tortura y otras violencias estatales de la CPM participaron de la marcha convocada por familiares de las víctimas. “Sabemos que lo conquistado es producto de la movilización, así conseguimos la exoneración de los policías, así logramos revertir la versión policial en la sociedad, así llegamos al juicio y la condena”, decía el documento del Colectivo Antirrepresivo 7, que fue leído en la puerta de la comisaría.

En diciembre de 2019, el Tribunal Oral Criminal N° 1 de Pergamino condenó, con penas de entre 6 y 15 años, a seis ex policías por la muerte de Sergio Filiberto, Federico Perrota, Alan Córdoba, Franco Pizarro, John Mario Claros, Juan José Cabrera y Fernando Latorre.