A partir de su libro de investigación histórica “22. Los tresarroyenses desaparecidos”, el abogado y presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos nacional e integrante de la Comisión Provincial por la Memoria, Guillermo Torremare prestó declaración testimonial ante el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca en el marco del juicio por la Megacausa Zona 5, que tiene a 38 militares y policías imputados por los delitos de secuestros, torturas, homicidios, desapariciones, robo de bebes y delitos contra la integridad sexual cometidos contra 334 víctimas.

ANDAR en Bahía Blanca

(Agencia Andar) Por sus inquietudes sobre la historia y la justicia y por su militancia en el campo de los derechos humanos es que Torremare -junto a un periodista de Tres Arroyos, Andrés Vergnano- inició entre 1996 y 1997 una detallada investigación para conocer la cantidad de personas víctimas de secuestro y desaparición en aquella ciudad bonaerense, distante a poco menos de 200 kilómetros de Bahía Blanca.

A medida que avanzaban emergían nuevas preguntas y líneas de investigación: las historias personales de las y los tresarroyenses víctimas del terrorismo de estado y el modo en el que allí se había desarrollado la dictadura. Esta fue la primera descripción que realizó Torremare respecto a su participación como testigo de concepto –o de contexto- en el juicio por la megacausa Zona 5 que lleva adelante, desde febrero de este año, el Tribunal Oral Federal (TOF) de Bahía Blanca con la presidencia de Ernesto Sebastián.

Cabe aclarar que el debate oral es el octavo que se realiza en la ciudad portuaria, y el más grande entre los que tramitan en la provincia por cantidad de imputados -38, y otros 13 que fallecieron- y víctimas -334-. Entre los imputados se encuentran exmiembros del V Cuerpo del Ejército, del Destacamento de Inteligencia 181 y del Batallón de Comunicaciones 181, de la Brigada de Infantería de Montaña VI de Neuquén, dos oficiales de la Policía Federal de Viedma, un miembro de la Policía de la provincia de Buenos Aires y el director de la Unidad Penitenciaria Nº 4 de Bahía Blanca.

“Antes de iniciar la investigación, y de una primera idea respecto a la cantidad  de desaparecidos, se creía que eran entre 12 o 13, pero rápidamente nos fuimos dando cuenta de que había muchos casos más”, explicó el testigo, quien detalló que “entrevistamos alrededor de 60 personas, no solo allegados a las víctimas sino también de personas que tuvieron colaboración con esa etapa desde distintas posiciones, como desde el propio gobierno”.

“Por ejemplo, entrevistamos a quien fuera el intendente de la ciudad durante la dictadura, el abogado Carlos Deleo. También a un ingeniero muy influyente que llegaría a ser ministro de la Provincia y que era el principal contacto de la dictadura en la ciudad”, afirmó.

Respecto a las víctimas registradas en el libro, desarrolló ante los jueces la historia de Rudy Omar Saiz, uno de los casos ventilados en  este juicio y que fuera secuestrado en 1976 de su propio domicilio en el barrio de los monoblocks, En Tres Arroyos, donde vivía con su esposa y sus dos hijos menores -de 3 y 5 años aproximadamente-. Militaba en el Partido Socialista de los Trabajadores y lo mantuvieron secuestrado durante 10 días en “La Escuelita”, un centro clandestino de detención ubicado en el noreste de la ciudad de Bahía Blanca, en el barrio de Villa Floresta.

“Lo interrogaban por su vinculación con militantes del PST de la ciudad de Tandil. Luego lo llevaron a Mar del Plata, primero a la Comisaría de Playa Grande y luego a la 4° de la ciudad balnearia. Él me ha contado las condiciones pésimas de detención en las que tuvo que vivir el cautiverio; fue torturado y siempre por su actividad política”, describió Torremare.

“Cuando finalmente lo liberan en un camino de tierra de Mar del Plata, le dicen que saliera caminando sin mirar atrás. Él, al igual que todas las víctimas que eran liberadas de esa manera, sintió que le dispararían por la espalda, pero no ocurrió. Llegó a Tres Arroyos y en su casa se encontró con un telegrama de la DGI donde se lo despedía por haberse ausentado injustificadamente por más de un mes”, amplió el abogado e investigador.

De acuerdo a su relato, desde el comienzo de la dictadura el esquema represivo en Tres Arroyos se enfocó en ir cooptando las instituciones públicas: “Había un Tribunal de Trabajo y se echó a los tres magistrados, poniendo a personas de su interés. Lo mismo pasó con el único Juzgado Civil y Comercial, en el que cesantearon al juez elegido constitucionalmente y se nombró a un amigo del poder. Se intervino la CGT y también la cámara económica local. Incluso tres destacados vecinos, comerciantes que integraron la cámara económica, fueron detenidos y estuvieron entre una semana y diez días detenidos. Muchas otras instituciones fueron intervenidas”.

Otro de los puntos de mayor interés en su testimonio fue en lo relativo a la constante y masiva presencia de fuerzas armadas y de seguridad en la ciudad de Tres Arroyos, que para aquellos años contaba con alrededor de 30000 habitantes. “Era una ciudad sitiada. Esto lo tenemos registrado en base a la documentación de la exDirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), cuyo archivo preserva y gestiona la CPM. En esos legajos e informes consta el cerco para ingresar y egresar de la ciudad, y los constantes operativos en toda la ciudad por los que uno no podía caminar dos cuadras sin cruzarse con personal militar o policial”, agregó.