ANDAR en La Costa

(Agencia Andar) Cuando la policía de la DDI de San Clemente fue a buscar su hijo, ella les dijo dónde podía estar. El joven de 20 años no estaba viviendo en su casa y cayó detenido junto a la novia menor de edad por un intento de robo. Su mamá no se imaginó lo que vendría.

En el Partido de la Costa hay cinco comisarías que cuentan con calabozos. Sólo la seccional de Mar de Ajó está habilitada para alojar personas, y sobre el resto pesa algún tipo de clausura ya sea judicial o ministerial, aunque de acuerdo a los datos recabados por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) a julio de este año sólo una de esas dependencias permanecía sin detenidos. 

Al joven lo llevaron a Mar de Ajó. “En un par de días empiezo a hablar con él y a mandarle cosas. Al principio iban los hermanos y yo tenía comunicación día por medio desde el teléfono de la comisaría”, cuenta. Llegó el día en que ella pudo ir ella a verlo. Era sábado. Preparó cosas para dejarle entre las que había medicación. “La atención que te dan ahí es pésima ni buen día te dicen, te humillan de la peor manera, antes de la visita te hacen sacar la ropa, me hicieron pasar con otra chica, cortarnos los cordones, romper una campera. Y ahí me piden que lleve certificados médicos con fecha del día para pasar la medicación, no me dejaron”, señala la mujer.

En la visita empezó a ver cosas que no le cerraban. “Había dos calabozos, en uno estaba mi hijo con otros pibes jovencitos y en el otro todas personas más grandes. Estuve con él hasta las cinco de la tarde. Cuando estoy por salir una piba me dice ‘cuando salís me das la medicación a mí y yo la paso como que es de mi marido’; yo no sabía qué hacer, pero al final se la doy en la vereda, ella entró y se la agarraron, ni la receta le pidieron. Ese día además le llevé un montón de mercadería y ropa. Me vuelvo a casa, él quedó que me llamaba  a la noche y nunca me llamó”.

La llamada llegó el domingo pero la voz del otro lado no era su hijo si no una policía que le pasaba una lista de supuestos pedidos.  Les explicó que había estado el día anterior aunque no importó: “medio supermercado me pidió. Milanesa, aceite, carne picada, de todo. Ahí me di cuenta. Le pedí que me comunicara con él y me cortó”. El lunes se repitió el llamado desde la comisaría y el pedido con la lista. “No sabía qué hacer, me comuniqué con el defensor oficial: ‘averiguá bien porque algo está pasando’, me dice”.

Y algo pasaba. Esa tarde su hijo la llamó llorando, desde un número desconocido, pidiendo que lo saquen de ahí. “Ma, te quiero mucho, acá me van a matar”. Y cortó. Desesperada la mujer llamó a la central de la DDI donde le recomendaron presentarse en la comisaría y hacer un habeas corpus.  Salió para Mar de Ajó, “Les explico lo que pasaba, que necesitaba ver a mi hijo y me dicen que no, que no podía hacer el habeas corpus. Me puse a llorar de los nervios: ‘mi hijo está a metros mío y le están haciendo de todo’; me dice algo habrá hecho porque lo tuvieron que cambiar de celda y ahí me entero de eso”.

A través del defensor y en comunicación con la Comisión por la Memoria logró que lo sacaran. Descalzo, y sin una sola pertenencia llegó a la fiscalía de Mar del Tuyú donde pudo denunciar los golpes y abusos que sufrió de los otros detenidos con la complicidad policial. “Esos son todos transas, a ellos la policía los cuida”, dijo el joven.

“Hacía tres días que no comía. Él es diabético y está sin medicación; cómo puede ser que te torturen”, remarca la mujer. De acuerdo a la experiencia de la CPM son recurrentes estas situaciones donde la policía delega el control de la vida dentro de los calabozos, asociado a la administración de los mercados ilegales fuera de ellos. Las alianzas que se dan en el territorio con redes delictivas se trasladan también a las comisarías. No se trata de hechos aislados o puntuales de determinados agentes con conductas irregulares, sino de prácticas que funcionan dentro las rutinas de las fuerzas policiales.